Órdenes de protección para víctimas enfrentan trabas burocráticas
Las órdenes de protección para víctimas de violencia enfrentan obstáculos administrativos que retrasan su aplicación y disminuyen su efectividad, debido a la intervención de diversas autoridades en un mismo proceso.
Arlen Arriaga, encargada de género de la Barra de Abogadas María Sandoval, explicó que en México estas medidas funcionan de manera distinta a las órdenes de restricción utilizadas en Estados Unidos, pues dependen de procedimientos legales específicos.
Detalló que algunas órdenes son emitidas por la Fiscalía y otras por el Poder Judicial; sin embargo, para ejecutarlas suele requerirse la participación de corporaciones de seguridad, lo que genera una comunicación compleja entre instituciones.
Señaló que esta dinámica dificulta contar con estadísticas precisas y actualizadas sobre cuántas órdenes se emiten, cumplen o incumplen, lo que limita la evaluación de su efectividad y seguimiento.
Refirió que, en los casos de violencia familiar, las autoridades deben priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes, además de garantizar la seguridad de las mujeres que enfrentan situaciones de riesgo.
Añadió que, cuando menores de edad presencian actos de violencia, los jueces pueden ordenar medidas adicionales, como la suspensión de convivencias familiares, con el fin de proteger su integridad física y emocional.
