Piden aplicar restricciones al uso de celulares en escuelas de BC
Las restricciones al uso de celulares en educación básica buscan ser aplicadas y vigiladas en Baja California luego de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto presentado por el diputado Jesús Daniel Razo Córdova
Lo anterior derivado del Acuerdo federal 09/09/26 publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de septiembre de 2026.
La propuesta legislativa pide al Poder Ejecutivo que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y a la titular de la Secretaría de Educación, Irma Martínez, sumar a la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología del Congreso local en las mesas de seguimiento, con la intención de evaluar posibles adecuaciones a las leyes locales o asignaciones de presupuesto.
Asimismo, el documento incluye un llamado a los siete ayuntamientos de la entidad para que coadyuven con las instancias educativas en la difusión e implementación de estas disposiciones dentro de sus demarcaciones.
Durante la exposición de motivos, el legislador promovente destacó las acciones promovidas a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para regular estos aparatos en planteles públicos y privados del país.
“Esta medida representa un avance ante las inquietudes que desde el sector educativo nos han planteado en tiempos recientes. Varias diputaciones habíamos impulsado medidas de solución a rango de ley, y ahora este avance permite contar con una política pública nacional más clara”, indicó.
El marco normativo federal prohíbe que el alumnado utilice teléfonos móviles y aparatos electrónicos personales durante el horario de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
La disposición contempla excepciones únicamente cuando se requieran con fines pedagógicos, ante emergencias médicas, por motivos de salud, alguna condición de discapacidad, accesibilidad o requerimientos de inclusión.
En contraste con las limitaciones fijadas para los primeros niveles educativos, en el nivel medio superior y en las universidades el esquema únicamente contempla directrices de uso responsable y seguro de los dispositivos, respetando la normatividad interna y la autonomía institucional.
El acuerdo parlamentario sumó adhesiones de diversas fracciones políticas en el Pleno, cuyos integrantes avalaron por unanimidad vincular a las dependencias estatales y los gobiernos municipales en la vigilancia de estas medidas sanitarias, pedagógicas y de convivencia escolar.
Congreso de BC reprueba cuentas 2024 de INDIVI y DIF Rosarito
Las cuentas públicas 2024 de diversos organismos estatales y municipales fueron votadas por el Pleno del Congreso de Baja California tras recibir los expedientes enviados por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.
Durante la jornada parlamentaria, los legisladores determinaron no aprobar los manejos financieros del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado de Baja California (INDIVI) ni del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Playas de Rosarito (DIF Rosarito).
A diferencia de las dos dependencias reprobadas, la mayoría del pleno votó a favor de validar los ejercicios financieros de otras paraestatales y paramunicipales.
Entre las que obtuvieron visto bueno se encuentran el DIF Estatal de Baja California, el Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana y el Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente.
Asimismo, lograron la aprobación técnica el DIF Mexicali, el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), el Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, el Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (Simpatt) y la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito.
Los informes técnicos de auditoría revelaron anomalías administrativas reiteradas en el manejo del erario. Entre los señalamientos más recurrentes figuró el impago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como discrepancias entre las cifras asentadas en los libros contables y los datos reportados en las plataformas de transparencia.
A la lista de inconsistencias se sumaron fallas en el padrón y registro de bienes inmuebles, expedientes incompletos en la comprobación documental de apoyos sociales entregados a beneficiarios y la omisión en la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
Las deficiencias encontradas por el área fiscalizadora exhibieron fallas en los controles internos de las dependencias señaladas, dejando asentadas las anomalías en los dictámenes legislativos que buscan transparentar el uso del presupuesto de las entidades gubernamentales evaluadas.
