“Plan B” en la Constitución de BC es aprobado por el Congreso local
El Plan B en la Constitución de Baja California ya es una realidad a nivel local luego de que los diputados del Congreso del Estado aprobaran reformar la ley para obligar a los organismos electorales, ayuntamientos y al propio Poder Legislativo a reducir sus gastos operativos y burocráticos.
Con una votación de 19 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones por parte de los legisladores Diego Echevarría y Yohana Gilvaja, el Pleno validó el Dictamen 92.
Esta resolución unificó las propuestas de los diputados Juan Manuel Molina García y Ramón Vázquez Valadez para armonizar la legislación estatal con el decreto emitido a nivel federal.
Topes presupuestales mediante el Plan B en la Constitución de BC
Uno de los puntos más relevantes de la reforma establece candados financieros directos al Congreso del Estado.
A partir de la entrada en vigor de la ley, el presupuesto anual del Poder Legislativo no podrá superar el 0.70% del gasto total del estado, obligando a los diputados a redireccionar los excedentes económicos hacia obras de infraestructura pública.
Asimismo, las modificaciones impactarán la integración de las administraciones municipales.
La nueva redacción constitucional limita a un máximo de 15 regidurías por cada ayuntamiento de la entidad, las cuales deberán asignarse bajo criterios estrictos de paridad de género e igualdad sustantiva.
Regulación a salarios electorales con el Plan B en la Constitución de Baja California
La reforma también elimina privilegios económicos dentro de los árbitros electorales de la región.
El dictamen prohíbe de forma expresa que los consejeros, magistrados y jefes administrativos reciban bonos, pensiones especiales o seguros médicos privados que no estén contemplados de origen en la ley.
Armonización forzosa del Plan B en la Constitución de Baja California
Los integrantes de las comisiones dictaminadoras señalaron que estos cambios responden a los plazos legales obligatorios para que las entidades federativas uniformen sus leyes con la federación.
Tras el aval del Plan B en la Constitución de Baja California, el documento se enviará a los siete municipios para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.
