Proponen reforma constitucional para juzgar adolescentes por delitos graves
Por: Redacción E32
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 15 DE JULIO DE 2025.- Los diputados Dunnia Montserrat Murillo López y Juan Manuel Molina García, en representación de la bancada de MORENA, propusieron una reforma al artículo 18 de la Constitución mexicana. Su propósito es permitir que adolescentes de entre doce y dieciocho años que cometan delitos graves con intencionalidad puedan ser procesados conforme a las leyes que se aplican a adultos.
La iniciativa contempla que esta posibilidad se utilice de forma excepcional, previa valoración judicial del grado de madurez y capacidad de juicio del menor, asegurando siempre la protección de sus derechos humanos y garantías procesales específicas. Las sanciones deberán enfocarse en su desarrollo completo y en su reincorporación a la sociedad.
Esta propuesta surge ante el aumento en la participación de jóvenes en actos violentos, frecuentemente relacionados con organizaciones delictivas, lo cual ha generado una demanda social por medidas más estrictas y adecuadas a la magnitud de dichos delitos.
Los legisladores afirman que el sistema actual, centrado en la rehabilitación y reinserción de adolescentes, ha sido clave, pero necesita adecuaciones en casos donde el daño causado y la intención son comparables a los de un adulto.
La propuesta busca introducir una excepción bien definida, para que adolescentes que cometan delitos extremadamente graves, con plena conciencia de sus actos, puedan recibir sanciones acordes a esa responsabilidad.
Se pretende equilibrar los derechos del menor con los de las víctimas y el interés público, otorgando una respuesta justa en situaciones excepcionales, sin comprometer las garantías del proceso para los jóvenes.
Asimismo, se espera que esta reforma actúe como un elemento disuasorio, al mostrar que quienes cometan delitos graves con premeditación podrían enfrentar consecuencias similares a las de un adulto, y con ello disminuir la participación de menores en actos violentos o relacionados con el crimen organizado.
Por último, la iniciativa también busca fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia y reafirmar la vigencia del Estado de Derecho, asegurando que las respuestas legales sean proporcionales a la gravedad de los hechos, incluso si los responsables son menores de edad.
En caso de ser aprobada por comisiones y luego por el Pleno de la 25 Legislatura, la propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su revisión, debido a que implica una modificación constitucional, lo que abriría un debate nacional sobre su viabilidad y alcance.



