Publican reformas que regulan al Poder Judicial y blindan elecciones
En la edición vespertina de este martes se oficializaron tres decretos de gran calado que alteran directamente el funcionamiento de los tribunales federales, las causales para invalidar votaciones populares y los filtros de control para el registro de aspirantes políticos.
Las nuevas reformas constitucionales en el DOF marcan el inicio de una reconfiguración estructural en el aparato de justicia y el sistema político electoral del país.
Elección por voto popular y nuevas reglas del sistema
El primer bloque de modificaciones corresponde al decreto que redefine al Poder Judicial de la Federación.
Con la entrada en vigor de las reformas constitucionales en el DOF, se sientan las bases legales para transitar hacia un modelo donde jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos de manera directa por la ciudadanía mediante el voto libre y secreto.
Este decreto de las reformas constitucionales en el DOF mandata la creación de comités de evaluación independientes para filtrar los perfiles de los aspirantes, garantizando el principio de paridad de género en las listas oficiales de insaculación que se presenten a la población en las urnas.
Nulidad electoral por intromisión extranjera
El segundo decreto publicado adiciona formalmente un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Federal.
La nueva normativa faculta al Tribunal Electoral para decretar la nulidad de una elección si se comprueba el uso de financiamiento ilegal, ciberataques, manipulación digital o campañas de desinformación operadas desde el exterior con el propósito de alterar los resultados democráticos.
Por último, el paquete normativo incluye cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) mediante el decreto de integridad en candidaturas.
Esta herramienta legal faculta al INE para evaluar y filtrar perfiles delictivos de forma preventiva antes de otorgar registros oficiales.
Con todo lo anterior, la elección judicial quedará en el 2028 y no el próximo año como lo tenían previsto en la primera reforma judicial.
