Reducción del ciclo escolar vulnera familias y desprotege a menores
La reducción del ciclo escolar vulnera a familias y desprotege a menores, según alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH expuso que la reducción del calendario escolar impacta desproporcionadamente a familias y cuidadores.
Esta desconexión entre la jornada educativa y la laboral obliga a buscar alternativas de cuidado de emergencia, para las cuales muchas familias carecen de recursos o apoyo.
La medida responde a la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio
Dicho ajuste se justificó por las altas temperaturas y la celebración del Mundial de Futbol, lo que ha generado preocupación por las repercusiones en la familia.
Para miles de trabajadores, este recorte implica que niños y adolescentes permanezcan solos en sus hogares mientras sus padres cumplen con sus labores.
La CNDH advierte que este escenario eleva el riesgo de violencia o accidentes domésticos, colocando a los menores en un estado de alta vulnerabilidad.
El organismo subrayó que estas disposiciones trasladan la carga de las obligaciones públicas directamente a los cuidadores.
Al acortar el tiempo en las aulas, el Estado delega la responsabilidad de protección y desarrollo integral exclusivamente en las familias.
Además de la responsabilidad, no ofrece mecanismos de apoyo que mitiguen esta transición abrupta y costosa.
Asimismo, se enfatizó que la medida ignora la realidad laboral de la mayoría de la población.
La falta de redes de cuidado institucionalizadas representa un retroceso similar al de la pandemia, afectando la salud emocional de los cuidadores.
Eso ocurre al verse presionados por conciliar el trabajo con el cuidado ininterrumpido de los menores.
Ante este panorama, la CNDH instó a la SEP y a las autoridades educativas a revisar de manera urgente la determinación.
Se demanda que cualquier ajuste al calendario priorice el Interés Superior de la Niñez y la realidad socioeconómica del país, garantizando que el Estado no vulnere el derecho de los menores a ser cuidados adecuadamente.
