SEP publica acuerdo que restringe uso de dispositivos en educación básica

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que regula y restringe el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en escuelas públicas y particulares de educación básica del país.

De acuerdo con el documento, la medida busca proteger la salud mental y el desarrollo cognitivo de los menores ante los riesgos de las pantallas y las redes sociales.

Establece que la prohibición de los dispositivos aplicará de forma total durante toda la jornada escolar, lo que incluye tanto las horas de clase como los periodos de recreo.

El documento detalla que se trata de una propuesta orientadora en el marco del “Acuerdo número 09/09/26 para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales”.

El instrumento normativo fija como fecha oficial de entrada en vigor el próximo 3 de noviembre de 2026. El gobierno federal determinó este plazo para permitir la realización de asambleas informativas previas con las comunidades escolares y dar tiempo a la adaptación de las familias y planteles.

El decreto contempla excepciones muy específicas donde los alumnos sí podrán portar o utilizar sus equipos. El texto oficial indica que se autoriza su uso “en situaciones de emergencia personal, por motivos de salud, atención a la discapacidad o necesidades de accesibilidad e inclusión, así como atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas”.

Asimismo, se permitirá el uso de tecnologías bajo modalidades estrictamente pedagógicas. Las autoridades educativas aclararon que la restricción central busca evitar que los estudiantes mantengan los teléfonos encendidos o a la mano dentro de los salones y patios, pudiendo llevarlos guardados exclusivamente en las mochilas cuando sea necesario para trasladarlos de casa a la escuela.

Para el nivel de educación media superior, el acuerdo no impone una prohibición generalizada, sino que promueve esquemas flexibles definidos por cada plantel. Entre las sugerencias se encuentran modalidades como el “uso programado” o asambleas internas para determinar limitaciones específicas orientadas al aprendizaje.

Las autoridades educativas locales dispondrán de un periodo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor para armonizar la normativa en sus respectivas entidades.

Además, la SEP y los gobiernos estatales se encargarán de revisar y dar seguimiento semestral a los avances en la aplicación de esta nueva regla tecnológica en las escuelas.