Sheinbaum y consejera jurídica aclaran Ley “Antimeme”
Sanciona fraude e identidad gubernamental, no temas políticos ni memes
La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, aclararon los alcances de la “Ley Antimeme” y destacaron que la normativa no está vinculada con la regulación de contenidos políticos o sátiras en internet.
Durante su conferencia matutina, la presidenta señaló que la medida busca sancionar delitos de fraude cometidos mediante falsificaciones digitales: “Eso no estaba tipificado como delito, y es un delito, porque además mucha gente lamentablemente puede caer en una situación así”.
Añadió que la intención es proteger a la ciudadanía de engaños donde se suplanta la identidad de instituciones para defraudar: “Nada que ver con lo político, sino con un fraude que se cometa con una imagen de gobierno”.
Por su parte, la consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que el objetivo central es combatir la piratería y el robo de identidad gubernamental destinados a cometer ilícitos.
Puntualizó que “aquí lo que se está regulando, por un lado, es la piratería y, en específico, en el artículo al que hacen mención, es sobre el robo de identidad del gobierno para intentar engañar a una persona para cometer un ilícito”.
La funcionaria detalló que la propuesta estipula penas de uno a cinco años de prisión y multas a quienes utilicen elementos oficiales o identidades gráficas institucionales “para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación”.
Asimismo, recalcó que la normativa descarta cualquier persecución a la libertad de expresión o al uso de memes: “En ningún lado se hace referencia a nada de lo que hoy expresa el periódico Reforma y otros medios de comunicación, en ningún lado”.
Por último, remarcaron que la disposición legal se centra exclusivamente en frenar prácticas fraudulentas de suplantación institucional que afectan el patrimonio y la seguridad de las personas.
El dictamen que modifica la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal fue aprobado ayer en el Senado por 72 votos a favor y 34 en contra, y fue enviado al Congreso de la Unión para continuar con el trámite legislativo.
