Supervisa FGE trabajo de MP tras toma de oficinas por activistas
Por Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 13 DE OCTUBRE DE 2022.- Integrantes del colectivo Familiares Unidos por Nuestros Desaparecidos, lograron que las sesiones se realizaran supervisadas por la Fiscal de Unidades Especiales, Denisse Hernández Chacón, con el objetivo de lograr resultados efectivos de los casos que se investigan por desaparición o secuestro.
Paula Sandoval, integrante del colectivo Familiares Unidos por Nuestros Desaparecidos, lamentó que fuera necesario que las familias de las víctimas tuvieran que hacer manifestaciones, como la toma de las instalaciones del cuarto piso del edificio sede de la Fiscalía General del Estado, para obligar a las autoridades a realizar su trabajo.
Ante esa medida de presión, se obligó a un cambio de actitud de los ministeriales y agentes del Ministerio Público que los habían bloqueado en audiencias, indicó.
Con las manifestaciones también se ha exigido a la autoridad a hacer su trabajo de forma correcta en cada una de las carpetas de investigación por desaparición o secuestro, añadió.
Aseguró que ellos (los familiares de las víctimas), no tienen la necesidad de obligarlos, por lo que considera debe darse un cambio en la actitud de las autoridades ya que su respuesta ante los casos expuestos ha sido nula, tanto en la investigación como en las labores de búsqueda de desaparecidos.
Subrayó que es tiempo de que la sociedad levante la voz y deje de estar callada ante la mala actuación de las autoridades.
Precisó que la fiscal Hernández Chacón, supervisó las cuatro audiencias que se reprogramaron este día y se comprometió a estar presente en las otras cuatro que tienen programadas para mañana.
Al filo de la una de la tarde, Familiares de víctimas de desaparición forzada y secuestro tomaron el cuarto piso del edificio sede de la Fiscalía General del Estado, en protesta por el bloqueó de los sistemas de audio, realizado por personal de esa dependencia, mientras se realizaba una sesión tripartita con autoridades de Baja California, el gobierno federal y la Organización de las Naciones Unidas.
