Tiro de esquina: Borrachos al volante, ¿a la cárcel?

Por: Octavio Fabela Ballinas

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 09 DE OCTUBRE DE 2025.- En Tijuana los accidentes provocados por conductores en estado de ebriedad se han vuelto tema recurrente y doloroso. Cada nuevo caso reaviva el reclamo ciudadano de que los responsables sean encarcelados de inmediato, sin esperar el proceso judicial.

Sin embargo, la Constitución mexicana y los tratados internacionales que hay suscritos imponen límites claros: nadie puede ser privado de su libertad antes de que se pruebe su culpabilidad.
El debate ha cobrado fuerza en los últimos meses, tras varios hechos que conmocionaron a la comunidad. Hace un mes una niña y su abuela murieron tras ser atropelladas en la colonia Planicie, en este accidente el examen de alcoholemia dio positivo para la conductora.

La sociedad percibe injusticia cuando quien causa la tragedia sigue en la calle, mientras las familias lloran a sus víctimas. Pero el sistema penal responde que la prisión preventiva no puede aplicarse como castigo anticipado.

Abogados explican que la Constitución protege la presunción de inocencia como principio rector. En su opinión, modificar la ley para encarcelar automáticamente a los conductores ebrios involucrados en accidentes sería un retroceso en materia de derechos humanos, aunque entienden el dolor y la frustración que genera cada pérdida.

Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal revelan que, entre enero y septiembre de 2025, se registraron más de 180 accidentes vinculados al consumo de alcohol, con 27 víctimas mortales.

Las cifras confirman una realidad: conducir ebrio no solo es irresponsable, sino letal. Sin embargo, el problema parece no ser únicamente un asunto de prisión preventiva, ya que también exhibe la falta de educación, prevención y vigilancia efectiva.

El debate, no solo es jurídico, también es ético y social. ¿Debe el Estado responder al clamor ciudadano sacrificando garantías constitucionales? o ¿debe sostener los principios de justicia aún frente a la indignación colectiva? La línea es delgada y, en Tijuana, cada accidente fatal parece borrarla.

Mientras el Congreso analiza reformas que nadie solicita, la ciudad sigue contando víctimas. La solución no puede limitarse al castigo posterior, sino que debe incluir políticas de prevención, educación vial y operativos efectivos. Solo así se podrá evitar que la tragedia se repita, una y otra vez, en las calles de Tijuana.