Tiro de esquina. El gobierno no debe ser trampolín electoral
Es legítimo que cualquier funcionario aspire a competir por un cargo de elección popular. Alcaldías, diputaciones, senadurías o gubernaturas forman parte de una carrera política válida. El problema comienza cuando esas aspiraciones afectan la marcha del gobierno.
Cada funcionario que deja una dependencia para buscar una candidatura provoca movimientos internos. Llega un nuevo titular, cambia parte del equipo, se revisan proyectos y prioridades y comienza inevitablemente un periodo de adaptación.
Baja California tendrá elecciones en 2027 y estarán en juego la gubernatura, 25 diputaciones locales y los siete ayuntamientos. Con tantas posiciones disponibles, es previsible que aumenten las aspiraciones entre quienes actualmente ocupan cargos públicos.
No se trata de limitar derechos políticos. Quien quiera aparecer en una boleta tiene derecho a intentarlo y existen reglas para separarse oportunamente del cargo. La discusión debería concentrarse en la responsabilidad adquirida al aceptar una función pública.
Quien llega a una secretaría recibe proyectos, presupuesto y programas diseñados para varios años. Dejar el puesto a mitad del camino para competir electoralmente puede obligar a reorganizar una estructura que debería concentrarse en atender a los ciudadanos.
Por eso sería prudente establecer, al menos como compromiso político, que quien acepte incorporarse al gabinete lo haga con intención de permanecer hasta concluir la administración, salvo que los resultados o circunstancias extraordinarias obliguen a sustituirlo.
También ayudaría a separar gobierno y campaña. Cuando un funcionario tiene públicamente aspiraciones electorales, cualquier recorrido, evento, fotografía o programa oficial puede generar dudas sobre si trabaja para la dependencia o construye una candidatura.
Los cambios dentro de una administración son inevitables y en ocasiones necesarios. Lo que debería evitarse es convertir las dependencias en estaciones temporales para llegar a la siguiente elección.
Quien aspire a otro cargo está en todo su derecho. Pero antes de aceptar una responsabilidad pública debería preguntarse si está dispuesto a concluirla. Las aspiraciones pertenecen a los funcionarios; la estabilidad del gobierno, a los ciudadanos.
