Tiro de Esquina: El golpe al derecho a la salud
Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 02 DE OCTUBRE DE 2025.- En México, el amparo ha sido durante décadas la última defensa de los ciudadanos frente a decisiones injustas o negligencias del Gobierno, en Baja California es común que pacientes sin servicio de salud o migrantes se amparen.
Pacientes han logrado que se les otorguen medicamentos, cirugías o tratamientos que las instituciones públicas negaban. Hoy, con la inminente aprobación de la Reforma a la Ley de Amparo en el Congreso de la Unión, esa puerta está a punto de cerrarse para miles de mexicanos que dependen de ella para salvar su vida.
En el caso de la salud, el tema no es menor. En Baja California, el sistema de salud pública enfrenta un rezago preocupante. IMSS-Bienestar, que asumió la operación de hospitales y clínicas estatales, arrastra carencias graves: falta de especialistas, quirófanos saturados, equipos descompuestos y, sobre todo, desabasto de medicinas.
Según datos de la Secretaría de Salud federal, el abasto apenas ronda el 65% en algunas unidades, lo que obliga a los pacientes a comprar medicamentos por su cuenta o interponer recursos legales para exigir lo que en teoría ya les corresponde.
Hoy mismo, madres de niños con cáncer, personas con VIH y enfermos crónicos como los diabéticos han recurrido al amparo para obligar al gobierno a entregarles insumos y tratamientos básicos.
Si la reforma avanza como está planteada, esas demandas ya no tendrían cabida, porque los jueces no podrían suspender actos de autoridad que afecten supuestamente “intereses generales”. En otras palabras, el Estado tendría la última palabra, aunque ello signifique condenar a un paciente a la desatención o incluso a la muerte.
El argumento oficial es que los amparos “entorpecen” proyectos prioritarios y generan gastos imprevistos. Pero en la práctica, la reforma busca blindar al gobierno de reclamos legítimos.
Es cierto que existen abusos en algunos sectores, como constructoras que frenan obras, pero equiparar eso con el derecho a la salud es un despropósito. No es lo mismo una carretera que se retrasa, que un tratamiento oncológico que llega tarde.
Los legisladores de Morena parecen olvidar que el derecho a la salud está consagrado en la Constitución y que el amparo es, en muchos casos, el único recurso para hacerlo valer.
Baja California es un ejemplo claro: en 2024 se documentaron más de 300 juicios de amparo relacionados con atención médica en el estado, muchos de ellos ganados por los pacientes. Con la reforma, esa cifra no solo bajará, sino que también se borrará la posibilidad de exigir justicia.
La paradoja es cruel: mientras se promete un sistema universal y gratuito, se elimina el único mecanismo que obligaba al gobierno a cumplir esas promesas. Y en entidades como Baja California, donde IMSS-Bienestar no da abasto, esa decisión se traducirá en más filas, más desabasto y más vidas en riesgo.
El Congreso debería preguntarse si el verdadero “estorbo” es el amparo o la incapacidad de cumplirle a los ciudadanos.
La reforma a la Ley de Amparo no es solo un cambio técnico, es un retroceso en derechos humanos. De aprobarse, quedará claro que para el gobierno resulta más cómodo acallar las quejas legales que resolver los problemas de fondo.
Y la pregunta es inevitable: ¿cuántos pacientes tendrán que morir esperando una medicina para que entendamos lo que significa perder esta herramienta de defensa?
