Tiro de Esquina: Espinarse o ponerse el huarache
En Tijuana hay una costumbre muy arraigada: exigir autoridad, pero indignarse cuando la autoridad aparece y aplica el reglamento. El caso de la exalumna de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas retrata justo esa contradicción que se vive todos los días.
La joven ingresó a un plantel donde estudian cerca de cinco mil alumnos. No era estudiante activa, no tenía autorización para vender y ofrecía un producto que, tras las reformas a la Ley General de Educación, está restringido dentro de las escuelas por su alto contenido calórico.
La discusión pública se concentró en la detención, no en la conducta que originó el operativo. En redes sociales abundaron las críticas contra los policías municipales, pero pocos hablaron del incumplimiento al reglamento escolar y administrativo.
También pasó desapercibido un detalle delicado: para promocionar su mercancía, la joven acostumbraba a exhibir en redes sociales los rostros de menores de edad consumiendo el producto. Eso no solo expone a estudiantes, también invade derechos de imagen y privacidad.
Muchos argumentan que los oficiales debieron usar “criterio”, como si el criterio pudiera estar por encima de una norma. La realidad es más simple: el policía no está para interpretar simpatías personales, sino para aplicar reglamentos vigentes.
Y aunque algunos quieran minimizar el tema diciendo que eran solo gomitas o dulces, el contexto obliga a verlo con mayor seriedad. En Baja California, especialistas han advertido sobre el aumento de menores involucrados en la venta y distribución de vapeadores, cannabis y productos alterados.
Los oficiales que intervinieron no tenían forma inmediata de garantizar que aquello era completamente inofensivo. Tampoco podían asumir que, por tratarse de una joven conocida en redes sociales, debía existir un trato especial o una excepción al procedimiento.
Por eso la presentaron ante el juez calificador, quien finalmente determinó una sanción administrativa y permitió que recuperara su libertad tras el pago de una multa. Así funciona el sistema cuando se trata de faltas administrativas y no de delitos graves.
Pero en internet se construyó otra narrativa. Para muchos, la joven fue víctima de abuso policial. Lo curioso es que esa misma sociedad suele reclamar que las autoridades nunca hacen nada frente a irregularidades en escuelas, calles o espacios públicos.
En Tijuana se critica a los policías cuando intervienen y también cuando no intervienen. Si ignoran la falta, son omisos; si actúan, son represores. Esa lógica termina debilitando cualquier intento de mantener orden en una ciudad donde las reglas suelen verse como sugerencias.
El problema de fondo no son unas gomitas ni una multa. El problema es la incapacidad colectiva para aceptar que vivir en comunidad implica límites. Y que las normas, aunque incómodas, existen precisamente para evitar que cada quien haga lo que le dé la gana.
La vieja frase popular aplica perfecto al caso: mucha gente prefiere espinarse antes que ponerse el huarache. Porque cumplir reglas parece molestar más que enfrentar las consecuencias de ignorarlas.
