Tiro de Esquina: Las marchas no son de nadie y son de… todos
Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.- En México, marchar es casi tan cotidiano como el tráfico de las horas pico. Cada año, según cifras del propio Inegi, se registran miles de movilizaciones en espacios públicos: protestas feministas, manifestaciones laborales, plantones vecinales, marchas por la paz, reclamos contra proyectos urbanos, exigencias por seguridad o justicia.
No existe un solo tipo de marcha, ni una sola causa, ni un solo “dueño” de las calles. Por eso preocupa que el gobierno federal y varios gobiernos locales insistan en encasillar cualquier protesta como si todas respondieran a un mismo interés, una consigna uniforme o un mandado político. No. Las marchas no son de nadie… y son de todos.
La historia del país lo demuestra. La reforma política del 77, el terremoto del 85, el movimiento estudiantil del 68, las movilizaciones de las madres buscadoras o las marchas contra la violencia de género: todas nacieron desde abajo y desde distintos lugares sociales.
Las más recientes, incluso, surgen de manera espontánea. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM estima que en los últimos cinco años aumentaron hasta 30% las protestas relacionadas con seguridad, mientras que las ligadas a servicios públicos crecieron cerca del 20%. Es decir, la gente sale porque necesita ser escuchada, no porque alguien la “mande”.
Sin embargo, desde el poder se ha vuelto costumbre simplificar. Cuando una protesta no coincide con la narrativa oficial, aparece la etiqueta automática: “son manipulados”, “son intereses creados”, “son adversarios”, “son minorías ruidosas”.
Esa estrategia podrá servir para ganar aplausos en la conferencia matutina, pero no sirve para gobernar. Porque una democracia madura y México presume serlo se sostiene precisamente en la voz pública, en la posibilidad de que cualquiera ocupe la calle para reclamar lo que considera justo.
Lo verdaderamente riesgoso es el efecto secundario: si el gobierno invalida una marcha, también invalida lo que la generó. Y detrás de cada protesta hay un problema real. El aumento de la violencia, que dejó más de 28 mil homicidios en 2024 según el SESNSP; los salarios que no alcanzan y que mantienen a más de 44 millones de mexicanos en pobreza laboral; los servicios médicos insuficientes, con un déficit de más de 200 mil profesionales de la salud proyectado por la OPS para el país. Nada de eso desaparece porque la autoridad descalifique a quienes lo denuncian.
Las marchas, nos guste o no, cumplen una función indispensable: obligan a ver lo que el poder no quiere ver. Son un recordatorio de que el gobierno trabaja para la gente, no al revés. Y aunque a veces incomoden, su papel es precisamente ese: romper la comodidad del escritorio y llevar los problemas a la superficie.
El que protesta quizá no tenga la solución completa, pero sí tiene el diagnóstico más claro: lo que vive todos los días.
Por eso el gobierno, sin importar color o momento debe entender que atender una marcha no significa rendirse, ni ceder, ni “dejarse presionar”.
Significa escuchar y gobernar con los pies en la tierra. Significa acercarse a la gente antes de hablar de ella. Y, sobre todo, significa aceptar que las calles no son propiedad de la autoridad, ni de un partido, ni de un movimiento: son el espacio donde se cruzan las voces diversas de un país entero.
Y si las marchas son de todos, también la responsabilidad es de todos. De entenderlas, de respetarlas… y, cuando haga falta, de unirnos a ellas. Porque en México, aunque algunos lo olviden, el derecho a protestar no se pide: se ejerce.
