Vinculan a proceso a hombre por privación de libertad

Por: Redacción E32

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 13 OCTUBRE DEL 2025.- La Unidad de Investigación con Detenido, perteneciente a la Fiscalía Regional de Tijuana, vinculó a proceso a un hombre por el delito de privación ilegal agravada de la libertad personal.

Según los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2025, alrededor de las 18:00 horas, el acusado se aproximó a la víctima mientras caminaba por la calle Pablo Picasso, en la colonia Nueva Tijuana. Con un objeto punzante que presionaba contra ella, la forzó a dirigirse a su vivienda, ubicada en la misma zona.

Una vez en el interior del domicilio, el sujeto le reclamó por unas joyas, le ató las manos con agujetas y la agredió físicamente en varias ocasiones utilizando un cable negro. Más tarde, el agresor se acostó y se quedó dormido, lo que permitió a la víctima liberarse, salir al patio y pedir ayuda. Fue auxiliada por elementos de la Policía Municipal.

El juez determinó vincular a proceso a Víctor David “N” y ordenó prisión preventiva justificada, al considerar que representa un peligro para la víctima. La Fiscalía General del Estado reafirmó su compromiso con la justicia y la protección de quienes han sido víctimas de violencia.

Dan 27 años de prisión a “El Manotas” por secuestro en Tijuana

La Fiscalía Regional de Tijuana obtuvo sentencia condenatoria de 27 años de prisión en contra de Leonardo Hernández Arceo, alias “El Manotas”, por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado ocurrido en la ciudad.

De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado, junto con otros individuos, privó de la libertad a la víctima con el propósito de obtener un rescate. Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2008, cuando la víctima fue interceptada y privada de su libertad.

Al día siguiente, los plagiarios se comunicaron con la familiar del afectado exigiendo la cantidad de 100 mil dólares a cambio de su liberación, amenazando con causarle daño si no se cumplía con la exigencia. Tras negociaciones, el 3 de julio de 2008 se entregaron 17 mil dólares, en un punto acordado sobre el bulevar Cochimíes.

El dinero fue recogido por el ahora sentenciado, quien fue asegurado en ese momento por agentes estatales de investigación de la entonces Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada.

Derivado de las pruebas presentadas por la representación social, el Tribunal impuso una pena de 27 años de prisión y 140 días multa, además del pago de la reparación del daño, también se negaron los beneficios libertarios.