Expropiación de Club Campestre es en apego a la Ley, sostiene Secretario de Gobierno
Hay 15 días para que opositores revisen el expediente y presenten queja
Por Redacción
TIJUANA, BC, A 14 DE ABRIL DE 2021.- La Declaratoria de Utilidad Pública respecto al Club Campestre de Tijuana, no atenta contra la propiedad privada porque está apegada a la ley y es solamente el inicio del proceso para convertirlo en un Centro Interactivo que requiere la población tijuanense.
El titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, explicó que la publicación del martes pasado en el Periódico Oficial del Estado es el inicio del procedimiento y quienes se opongan al proyecto tienen 15 días para revisar el expediente con los dictámenes técnicos y presentar su queja.
En apego al Derecho de Audiencia, dijo que quienes se dicen perjudicados tendrán acceso a la Declaratoria de Utilidad Pública para que analicen el contenido y lleven sus pruebas documentales. En tres semanas más se hará la revisión y se rendirá un informe al gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Sobre la versión de que los asociados del Club Campestre de Tijuana promovieron previamente un amparo, el secretario General de Gobierno, dijo que no existe tal respecto a la Declaratoria de Utilidad Pública (DUP), lo que presentaron fue una solicitud de suspensión contra una supuesta confiscación o para la posible realización de actos ilegales, que ahora no es el caso.
“Esto no es un acto ilegal, es un acto apegado a la Ley de Expropiación que sigue todos los pasos, todos los procedimientos que establece la ley; el mismo juez que conoció de su petición de amparo, dice al final de la sentencia que, si surge algún procedimiento jurídico, esto no los ampara”, expuso.
La viabilidad de conversión del Club Campestre de Tijuana en el Parque Interactivo Campestre es prácticamente inmediata, en el corto plazo, una vez que sean revisadas las pruebas documentales que presenten las partes que demuestren ser perjudicadas, toda vez que está en duda la legítima propiedad porque los asociados han usufructuado el espacio que ocupa, a raíz de un juicio de prescripción que no cumplió con todos los requisitos.
“Es necesario aclarar que no existe nadie, de esos 834 socios que compraron membresías a una asociación civil, con derechos de propiedad; los que aparentemente son verdaderos propietarios son, el general Abelardo L. Rodríguez (quien fuera gobernador del Territorio Norte de Baja California) y su sucesor o herederos del último gobernador (del mismo territorio), Alfonso García González; hay una acción fraudulenta, de 1969, mediante la cual promueven una prescripción ilegal, y ese es el único título que tiene la asociación del Club Campestre”, detalló.
