Divide a “morenistas” creación de organismos municipales del agua

Por: Adán Mondragón 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 5 DE AGOSTO DE 2021.- La transferencia del Estado a los municipios de los organismos operadores del agua, aprobado en la penúltima sesión de la XXIII Legislatura, ha generado diferencias entre los cabildos y el gobierno estatal, todos emanados de MORENA.

En la XXIII Legislatura, la propuesta del Ejecutivo se aprobó con 13 votos a favor, 11 votos en contra y una abstención; lo cual se tradujo en la publicación del Decreto 289.

Solo los Ayuntamientos de Ensenada y Playas de Rosarito, en sesión de cabildo ya hicieron la aprobación de los organismos de agua y saneamiento de sus respectivos municipios.

La de Ensenada se aprobó solo con la mitad de los integrantes del cabildo, mientras que en Playas de Rosarito, con la mayoría de los votos de los regidores.

Paralelamente, los síndicos procuradores de Mexicali, Tecate y Rosarito, interpusieron una controversia constitucional contra el Decreto 289 que da pie a la transferencia del estado a los municipios de los organismos operadores del agua.

En el documento entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los síndicos Héctor Ceceña Mendoza (Mexicali), Gonzálo Higuera (Tecate) y José Zazueta (Rosarito), argumentan en el documento que la aprobación en el Congreso (XXIII Legislatura) se hizo “fast track”, sin el análisis financiero debido.

Por otra parte, la alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, afirmó que si el síndico procurador José Luis Zazueta, interpuso la controversia constitucional ante la SCJN a título personal no hay problema.

Sin embargo, si la controversia constitucional se promovió a nombre del Ayuntamiento, “está metido en un verdadero problema, porque el cabildo no lo autorizó”.

En ese sentido, Araceli Brown dijo que los integrantes del VIII cabildo de Playas de Rosarito van a llamar al síndico procurador, para que explique el por qué promovió el recurso legal.

También, los integrantes del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, enviaron al síndico procurador de Tijuana, Marial del Carmen Espinoza Ochoa, una solicitud para que promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Decreto 289.

En el documento, signado por 12 de los 15 ediles -no firmaron Luis Antonio Quezada, José Cañada y Claudia Casas-, se detallan las violaciones al proceso legislativo en el que incurrieron los integrantes de la XXIII Legislatura al aprobar la transferencia del Estado a los municipios de los organismos del agua.

Los ediles del XXIII Ayuntamiento de Tijuana piden: La suspensión del acto emitido por el Congreso del Estado, para que la SCJN invalide el contenido del Decreto 289, por las violaciones a los procesos legislativos y se dejen sin efecto los actos derivados de la reforma.

Para el exsecretario de gobierno del XXI Ayuntamiento, Carlos Mejía, lo que se hizo en la XXIII Legislatura fue de manera “apresurada, arbitraria y hasta atropellada”.

Lo que se ha reportado a través de los medios es que los legisladores, en menos de una semana, aprobaron en comisión, luego en el pleno la reforma a la Ley del Agua, sin previo análisis técnico y financiero.

Una cosa es querer dar cumplimiento al artículo 115 Constitucional, pero este tema, no es de urgente y obvia resolución; por el contrario, se debió hacer un análisis profundo de las finanzas de los ayuntamientos, así como de las Comisiones del Agua.

Hacerlo en la recta final de la administración estatal y municipales, es también muy irregular; en este asunto deberían estar analizando con lupa, las autoridades entrantes.

Incluso, el exfuncionario cuestionó ¿cuál es la prisa?, no hay análisis técnicos y financieros que garanticen que los gobiernos municipales, además de cumplir con los servicios de recolección de basura, seguridad, alumbrado público y bacheo, van a poder con el servicio de agua y saneamiento.