Crisis política en Tijuana por intereses perseguidos por Jaime Bonilla
Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- A menos de 48 horas de que concluya el período del XXIII Ayuntamiento, sigue sin aprobarse en sesión de cabildo el protocolo para que asuma el XXIV Ayuntamiento.
La crisis política por la que atraviesa la administración pública municipal, tuvo su origen ayer en la 58 sesión extraordinaria de cabildo que quedó inconclusa.
En dicha sesión, donde se tenía programada como primer punto (3.1) la aprobación del protocolo para la toma de protesta, la regidora Mónica Vega Aguirre, solicitó incluir un punto de acuerdo con dispensa de trámite en comisiones para revocar el acuerdo de cabildo del 30 de octubre del 2013 y dejar sin efecto su publicación en el periódico oficial del estado hecha en agosto del 2021.
Sin embargo, el regidor Luis Antonio Quezada Salas, criticó que “a quemarropa” se intentara modificar el orden del día, previamente circulado entre los integrantes de cabildo.
La alcaldesa en medio de la sesión, pidió que se sometiera a votación la inclusión del punto de acuerdo, por el que se dejaría sin efecto la creación de la Comisión Municipal del Agua de Tijuana (Comati), pero tendría que ser en el 3.4 del orden del día.
Ante el desacuerdo presentado, la regidora Edna Pérez Corona, solicitó un receso de 10 minutos, se otorgó, pero la sesión de cabildo ya no se reanudó.
Lo anterior, dio pie a que la alcaldesa Karla Patricia Ruiz Macfarland y el secretario de gobierno, Joel Fabián Guardado Reynaga, enviaran para su publicación en el periódico oficial del estado, una convocatoria para la toma de protesta de los integrantes del XXIV Ayuntamiento de Tijuana.
Al respecto, abogados y especialistas en administración pública consultados advierten que éste documento carecería de validez oficial.
Paralelamente, trascendió que Arturo González Cruz, diputado federal, solicitó licencia al cargo para asumir como alcalde y ser él quien convoque a sesión de cabildo para retomar la propuesta de la edil Mónica Vega, además de aprobar el protocolo para que asuman las autoridades electas.
Analistas políticos consultados por Esquina32 señalaron que este conflicto político que se vive en la ciudad es resultado de la pugna de intereses entre el gobernador Jaime Bonilla, impulsor de la municipalización de los organismos del agua y quienes se oponen a la forma tan precipitada en que se hizo.
Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió una suspensión del proceso de municipalización del agua en la región.
