Advierte CILA a BC del riesgo de municipalizar organismos de agua
Asegura la comisionada de la sección México que se pueden debilitar las finanzas de los operadores del agua
Por Redacción
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 10 DE OCTUBRE DE 2021.- La titular de la Sección México de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Adriana Reséndez Maldonado advirtió al gobierno de Baja California sobre los riesgos de municipalizar los organismos del agua.
En un documento dirigido al gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, quien ha promovido la municipalización, la comisionada aseguró queeste tipo de procesos debilitan las finanzas de los organismos del agua, en vez de fortalecerlas, sobre todo en municipios fronterizos, pues ponen en riesgo los compromisos de saneamiento internacional,
“Como resultado del proceso de municipalización referido, hemos podido observar que en lugar de fortalecer las finanzas de los organismos operadores municipales éstas se debiliten”, indica el oficio numero CEU/JUA/0934/2021 quen envió la funcionaria federal a nombre de la institución.
Reséndez Maldonado expuso casos como el caso de Nogales, Sonora, que luego de la municipalización ha dejado de cubrir los costos del tratamiento de aguas residuales en la Planta Internacional de Nogales, Arizona.
“Eso pasó porque en la municipalización no establecieron instrumentos para que se pudiera cumplir financieramente con esos compromisos internacionales”, alertó.
La funcionaria federal agregó que en el caso de la municipalización impulsada por Jaime Bonilla tampoco se establecieron mecanismos para que el gobierno del estado e incluso la federación pudieran apoyar a los municipios fronterizos, por lo que se refiere la importancia de que el proceso se lleve de manera adecuada, cumpliendo con todos los requerimientos y revisiones que el caso requiere.
Por lo tanto, la CILA señaló que para municipalizar el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, es ineludible que “se lleve a cabo un análisis técnico y financiero, que permita asegurar que los municipios tienen la capacidad de hacerse cargo de los servicios y que además puedan preverse los instrumentos apropiados que les permitan cumplir con los compromisos internacionales de atender los problemas de saneamiento fronterizo conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944”.
