Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.- El secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno, reveló que la deuda heredada de la pasada administración oscila en los 35 mil millones de pesos.
Detalló que la deuda financiera pública alcanza los 18 mil 300 millones de pesos; además de 12 mil millones pesos en adeudos de servicios, suministros y gastos acumulados, así como contingentes pasivos que suman 5 mil millones de pesos.
En ese sentido, describió que entre los contingentes pasivos se encuentran los repagos a proyectos que se revisa su permanencia, como es el caso de la planta de energía fotovoltaica para suministrar el servicio al Acueducto Rio Colorado-Tijuana, cuyo contrato representa una desventaja para el gobierno porque no corresponde a las necesidades reales y beneficia a los inversionistas.
Durante la primera edición del “miércoles de mañanera” de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el funcionario estatal añadió que los organismos operadores del agua de Tijuana y Ensenada, atraviesan por una situación financiera crítica.
A su vez, comentó que la deuda con los municipios por participaciones federales es de 376 millones de pesos, con los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali.
Marco Antonio Moreno también informó que para dar cumplimiento con la Ley de
Coordinación Fiscal, se entregarán las participaciones federales a los municipios durante los cinco días de haber recibido los recursos para evitar seguir acumulando rezagos.
Para finalizar, el funcionario estatal aseguró que no habrá incrementos en el cobro de impuestos y derechos del gobierno estatal para el 2022.
Contrato de Bonilla con constructora de fotovoltáica lesiona finanzas estatales: Hacienda BC
El contrato que la administración de Jaime Bonilla firmó con la empresa constructora de la planta fotovoltáica lesiona las finanzas estatales, denunció Marco Antonio Moreno, secretario de Hacienda de Baja California.
Se firmaron certificados de inversión por alrededor de seis mil millones de pesos que obligan al estado a pagar a la empresa en caso de la cancelación del proyecto de obra, añadió el funcionario estatal.
De tal modo, que el gobierno bajacaliforniano ya analiza la estrategia jurídica para dejar sin efecto los certificados de inversión.
Explicó que estos documentos (certificados de inversión) fueron firmados en el mes de septiembre, durante el periodo de transición, a pesar de que la Ley de Entrega Recepción señala que para hacer un acuerdo de este tipo debe haber presencia de un representante del gobierno entrante.
Marco Antonio Moreno, destacó que advirtió a los funcionarios estatales en turno, abstenerse de firmar los certificados, sin embargo, no fue escuchado.
Detalló que parte central de la preocupación que hay es que se conformó un Fideicomiso para la planta fotovoltáica que sería pagado con recursos de Impuesto Sobre Nómina, Participaciones Federales e ingresos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
El contrato y el proyecto de la planta fotovoltáica, no corresponde a la necesidad que tiene el estado en términos del consumo de energía eléctrica; además estuvo estructurado con ventajas para el inversionista y desventajas para el estado en términos de plazo y precio, subrayó.
La planta fotovoltáica, que se construiría en la zona este de Mexicali, no cuenta con los permisos federales correspondientes.
Cabe mencionar que Jaime Bonilla presumió en la colocación de la primera piedra de esta obra, que Baja California alcanzaría su autonomía energética.
Que la inversión para la planta, sería hecha por el inversionista y que el gobierno estatal solo compraría la energía eléctrica requerida, principalmente para el funcionamiento del acueducto Río Colorado – Tijuana.
