Los confunden con La Perra y El Teo; libres, buscan reparación del daño
Por Gabriela Martínez
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 26 DE NOVIEMBRE DE 2021.- Cuando las fuerzas armadas detuvieron a Martín lo presentaron ante México y el resto del mundo como: José Filiberto Parra Ramos, alías “La Perra”, un lugarteniente del cartel Tijuana, pero las mismas autoridades y la prensa informaron que el narcotraficante supuestamente detenido en aquel entonces había sido asesinado: en mayo pasado, en esta ciudad.
Ahora libre y absuelto –tras pasar 6 años en Puente Grande, una prisión de máxima seguridad en Jalisco- Martin Ramón Torres Garibay, junto a otros casi 20 detenidos, busca que le reparen el daño que le hicieron y que la autoridad se niega a resarcir.
“Yo no vengo a pelear con nadie”, explica Torres Garibay desde un restaurante de la ciudad en donde platicó con Esquina32, “esto no es una venganza, se trata de justicia, de lo que nos deben porque nadie me va a devolver ese tiempo… todavía cuando buscaba trabajo una vez me despidieron pensando que era “La Perra” y mire, ahora resulta que está muerto”.
A Martín y a otros 57 hombres los detuvieron mientras celebraban un bautizo en 2008, en Tijuana. Esa fiesta sería reconocida como el “narco-bautizo”. Los presentaron uno a uno como miembros del crimen organizado: “La Perra”, “El Gordo” y “El Muletas”, lugartenientes del cartel Arellano Félix y Sinaloa. Los trasladaron en un avión de las fuerzas armadas a Ciudad de México en donde los mantuvieron bajo arraigo, hasta llevarlos a prisión.
En total fueron 58 detenidos durante la fiesta realizada en el salón El Travieso, hace 13 años. Aunque todos quedaron en libertad, un grupo de 18 continúan con un proceso legal para que las instituciones de seguridad que participaron en su detención y los exhibieron como supuestos criminales reparen sus omisiones y negligencia.
Salomón, un cantante y músico, también fue detenido ese día. A diferencia del resto no era parte de los invitados, a él y un pequeño grupo, los contrataron para encargarse de la música, pero aún con el traje y los instrumentos en mano los oficiales también se los llevaron, mantuvieron bajo arraigo y enviaron a prisión.
“Yo mejor me hice el dormido porque así los golpes eran menos”, recuerda a más de una década de su arresto y con una hernia que le dejaron como parte de las secuelas por las golpizas que recibió, “siempre sostuve que era inocente, pero luego nos decían que como iban a reconocer que se habían equivocado si ya nos había presentado”.
Elementos federales y soldados del Ejército Mexicano –durante la administración del ex presidente Felipe Calderón-, así como oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) -en aquel entonces bajo el mando del ex secretario de Seguridad y ahora Procurador en Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya- sostuvieron la versión oficial durante el juicio hasta que una juez les concedió la libertad. Durante el proceso judicial fueron evidenciadas las autoridades por falta de pruebas, inconsistencias en la investigación y, confirmar, que los detenidos fueron torturados.
Los Protocolo de Estámbul -un manual integrado por una serie de pruebas para confirmar si existió o no un acto de tortura- realizados por el perito en psicología del Poder Judicial, Jesús René Valenzuela a las 18 víctimas, reflejaron las secuelas del trauma sufrido a manos de soldados y elementos federales. Además de las vejaciones que vivieron dentro del penal en Jalisco.
Mientras que las corporaciones -local y federal- reconocen las agresiones ha sido el Ejercito Mexicano quien se niega a resarcir el daño.
“No es solo nuestra palabra, es la de la misma autoridad judicial la que confirmó nuestra inocencia, las pruebas ahí están, todo lo que perdimos ¿Quién nos lo regresa? Lo único que pedimos es lo justo para empezar de nuevo”, lamenta Martín.
