Resalta Adolfo Solís modificaciones en miscelánea fiscal

Por Adán Mondragón

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 3 DE NOVIEMBRE DE 2021.- El estado mexicano ha estado tratando de criminalizar las infracciones tributarias y de ahí viene la creación de una responsabilidad colateral, afirmó el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.

Ante integrantes de la Agrupación Política Baja California (APBC), el doctor en derecho fiscal habló de las principales modificaciones en la miscelánea fiscal para el 2022, misma que consideró que pretende responsabilizar a las personas o empresas, si sus socios incumplen con las obligaciones fiscales. 

Añadió que esta responsabilidad colateral se extiende a todos aquellos socios que se les haya cancelado su certificado de sello digital, que tengan delitos fiscales o simplemente que tengan cualquier omisión, van a arrastrar a las empresas de las que sean socios, aun cuando las empresas sí cumplan con sus obligaciones fiscales.

Agregó que otra novedad es la cancelación del certificado del sello digital, el de la FIEL y del RFC; estas últimas dos, no estaban previstas, pero se esperan para el 2022.

Destacó que ahora será obligatorio contar con la opinión de cumplimiento del IMSS, lo que es relevante, puesto que antes solo había opinión de cumplimiento fiscal y de no contar con esta, puede ser causa de cancelación del RFC.

En ese sentido, Solís  Farías resaltó que en el Código Fiscal de la Federación se obliga a identificar al beneficiario controlador, una figura de la Ley de Lavado de Dinero, que trasladaron a la materia Fiscal.

“Ahora, cada persona que esté registrada va a tener que indicar, conservar y comprobar quien es el beneficiario controlador, quien se beneficia de los frutos o derechos de una empresa”, destacó.

Para concluir, el abogado fiscalista, comentó que con los nuevos procedimientos y facultades de comprobación que crearon para identificar a los beneficiarios controladores se permite al gobierno realizar cualquier tipo de verificación en cualquier lugar donde realicen las operaciones, donde los registren.

Lo anterior, dijo, significa que el fisco ya va a poder auditar en cualquier lugar sin necesidad de que sea precisamente el domicilio fiscal.

Asimismo, resaltó la labor de los Contadores Públicos Registrados (CPR), a quien se le obliga a ser un ministerio público “chiquito”, porque quiere que denuncie a los empresarios cuando se detecte algún delito fiscal.

Sin embargo, un contador no tiene la experiencia para calificar la existencia de un delito y por tanto se podría prestar a múltiples abusos, excesos o discrecionalidad.