Jaime Bonilla sí utilizó recursos públicos en proceso electoral: TEPJF
Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 4 DE DICIEMBRE DE 2021.- El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió que el exgobernador Jaime Bonilla, utilizó recursos públicos para influir en la contienda electoral 2020-2021 a favor de MORENA.
En la resolución SUP-JE-240/2021 el TEPJF, concluyó que contrario a lo que sostuvo el Tribunal Local, el hoy exgobernador morenista sí violentó el artículo 134 Constitucional.
El artículo 134 Constitucional en su párrafo octavo dicta “La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Al respecto el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, consideró que el desvió de recursos públicos en las campañas políticas han sido una constante que debe sancionarse.
En ese sentido y derivado de la sentencia emitida por el Tribunal Federal Electoral, Solís Farías, refirió que las autoridades deberían iniciar una investigación para sancionar al hoy exgobernador morenista.
Refirió que la sociedad está cansada del uso irracional de recursos públicos, sobres todo porque no hay sanciones para quienes cometen irregularidades y violentan la Constitución como en este caso.
La resolución del TEPJF ordena al Tribunal Electoral del Estado de Baja California, modificar la sentencia que anteriormente emitió, para que una vez acreditada la falta por Jaime Bonilla, se proceda conforme a derecho.
Para finalizar, el abogado fiscalista, señaló que siempre debe prevalecer el estado de derecho y en esta ocasión estamos satisfechos de que se haya comprobado técnicamente el uso indebido de recursos públicos.