Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 7 DE DICIEMBRE DE 2021.- El abogado tijuanense Juan Guillermo Ruíz Hernández presentó esta mañana su renuncia a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGEBC) de Baja California, con lo que pone fin a una serie de especulaciones generadas el pasado fin de semana.
La dimisión voluntaria fue presentada durante la reunión de la mesa de Seguridad que se realizó a las 7:30 de la mañana, a la que asistió la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, por lo que en reconocimiento a la trayectoria de quien fue el primer fiscal del Estado, esta mañana se realiza una ceremonia de reconocimiento en el Cuartel Morelos de la Segunda Zona Militar.
La estancia de Juan Guillermo Ruíz al frente de la Fiscalía General del Estado fue de apenas dos años y siete días; sin embargo, su gestión estaba programada para concluir en el 2024.
Su nombramiento fue aprobado el 1 de noviembre del 2019 por 23 de los 25 diputados que integraban la vigésimo tercera legislatura; entre los que destacan: Araceli Geraldo, Juan Manuel Molina, Julia Andrea González, Claudia Agatón Muñiz, Gerardo López Montes, Miguel Ángel Bujanda Ruíz, Monserrat Caballero, Julio César Vázquez, entre otros.
Solo en estos dos años y siete días de gestión de Ruíz Hernández al frente de la Fiscalía General del Estado, se registraron en Baja California más de seis mil asesinatos, de los cuales 46 fueron feminicidios.
El abogado tijuanense, en los primeros quince días de noviembre del 2020, se confirmó que padeció de una enfermedad pulmonar, aunque se especuló que era covid19, esto no fue confirmado.
A pesar de su enfermedad, Ruíz Hernández puso en marcha el sistema de preparatorias militarizadas públicas y gratuitas que tienen el objetivo de alejar a los adolescentes de actividades ilícitas y de que sean atraídos por la delincuencia organizada.
Asimismo, durante los dos años de gestión del Fiscal, se puso especial interés en políticas de prevención del delito como la confiscación de maquinitas tragamonedas con las que se buscaba evitar que los jóvenes se vincularan a personas inmersas en actividades ilícitas que operan en establecimientos con este tipo de equipos.
