Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 7 DE MARZO DE 2022.- Desde enero del 2022 entraron en vigor las modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF), en los que se exige la “identificación del beneficiario controlador” en las empresas, una facultad excesiva por parte del gobierno.
Así lo expuso en “Esquina Informativa”, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, quien añadió que esto se traduce en mayor control del gobierno sobre al menos 79 millones de personas en el país.
Solís Farías refirió que el gobierno va a tener una “radiografía en números, como ningún otro”, pues anteriormente las medidas de identificación se aplicaban a un millón de personas que, se estima realizaban operaciones de lavado de dinero.
Las medidas de “identificación del beneficiario controlador”, aplicará para todas las empresas, algo preocupante es que su el gobierno sospecha de ocultamiento de información, “cruzará información con la Unidad de Inteligencia Financiera, Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras.
Recordó que en las “empresas de la vieja guardia” se acostumbraba a que los empresarios que se aprovechan de las ganancias, ponían a esposa, hijos, o familiares como dueños, sin embargo, esto tendrá que actualizarse.
Solís Farías recomendó a los empresarios de la región a que recurran a un contador público certificado para que actualicen la información, ya que estos profesionales se encuentran a la vanguardia en este y otros temas.