Por: Gabriela Martínez
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 24 DE MAYO DE 2022.- Tijuana además de ser una ciudad fronteriza es también la más violenta del país con más asesinatos, según cifras del gobierno federal. El riesgo es mayor para migrantes que ante la imposibilidad de cruzar a Estados Unidos, son obligados a vivir aquí y aún si logran escapar de las balas en sus lugares de origen éstas los persiguen hasta la frontera.
Dentro del albergue no se escuchaba ninguna voz. Solo un perro que ladraba rompía con el silencio, en medio de la oscuridad que cobija a las casi 600 familias que dormían en el albergue para migrantes Agape Misión Mundial, en Tijuana. Era jueves.
Aunque algunos duermen dentro de cuartos con literas compartidas, hay quienes solo se resguardan bajo una tela delgada que hoy es el techo del hogar que han improvisado con pequeñas casas de campañas colocadas sobre tierra o concreto, básicamente en cualquier rincón de ese templo convertido en refugio.
La noche aún no caía cuando se escucharon los primeros balazos, era poco antes de las ocho de la noche. El ruido paró, para cuando ya se acercaba la medianoche el enfrentamiento se reactivó; primero regresaron los disparos, luego un hombre desconocido azotaba la puerta para entrar, justo donde dormían familias en los tendidos.
-¡Vámonos! ¡Vámonos! Le gritaba Jaime a su cuñada, mientras que los niños estallaban en llanto y el terror escapaba desde la garganta de las familias.
-No puedo, no puedo ¡No me puedo mover! ¡Me dieron!
Ese viernes Ana Laura una migrante de 25 años que sobrevivió a la violencia en Michoacán y a las amenazas del crimen organizado, sufrió una herida de bala que hasta la fecha le impide salir del hospital.
Unos gritaban y otros lloraban, pero también hubo quienes, como Francisca, rompieron en una crisis que los paralizó y -en su caso- la terminó por enviar al hospital. De ese jueves violento y salvaje solo recuerda que al escuchar los disparos abrazó a su esposo y a sus hijos, dormían en el suelo y allí se quedaron hasta que el fuego de la pólvora acabó.
“Uno huye de su país por necesidad… a mí y a mi esposo ya nos quisieron matar nomas porque no dejamos reclutar a mis hijos… salimos de un país violento y llegamos a otros igual o peor”, lamenta Francisca.
Esa noche ella y otras familias se arrinconaron en los baños y sin dormir se quedaron sentados en ese pasillo esperando que terminara la noche como si la luz del sol los blindara del plomo que escupe cada pistola casi cada semana en esa colonia alabada de la mancha urbana pero que se ha convertido en uno de los únicos espacios que aún recibe migrantes.
Antes de que ocurriera la balacera, ese mismo día por la mañana, decenas de familias del albergue habían acompañado al pastor y director del lugar, Albert Rivera, a una protesta a las afuera del Consulado de Estados Unidos en Tijuana para exigir la eliminación del título 42, un programa implementado por el gobierno estadounidense para retornar inmediatamente migrantes que soliciten asilo al cruzar el muro.
Para Soraya Vazquez, abogada y activista de Al Otro Lado -una organización encargada de la defensa legal de migrantes- la aplicación del Título 42 prácticamente ha puesto en mayor riesgo a las familias migrantes al obligarlas a permanecer en una ciudad violenta con pocos recursos para garantizar la integridad de las poblaciones de grupos vulnerables.
Aunque el presidente estadounidense Joe Baiden, ya había anunciado la desaparición del programa creado durante la administración de Donald Trump, fueron distintos gobernadores de la Unión Americana quienes rechazaron su eliminación por lo que buscaron frenar la iniciativa hasta que un par de días antes de desaparecer un juez decidió que deberá continuar en retorno de migrantes.
“Es un derecho al libre tránsito que está siendo violentado, pero además de la posición de vulnerabilidad en la que exponen a estas familias es alarmante porque en ningún momento nadie está velando por su seguridad ni en su país ni en ningún lado a dónde van”, advirtió.
Entre enero y abril de este años un total de 513 personas fueron asesinadas en Tijuana, la cifra colocó en el primer lugar a la ciudad con más asesinatos de entre las 50 ciudades más violentas del país, según información revelada por el gobierno federal.
Mientras que Ana Laura continúa en el hospital de su familia ya no hay rastro en el albergue. Y para ella tampoco habrá un espacio en ese lugar, porque han decidido retirarse para cuidarse y también al resto de las personas que viven allí. Ya o quieren esperar como han obligado a hacerlos a decenas de familias mexicanas y latinas que también son víctimas de la violencia.