Diputados realizarán consulta de personas con discapacidad y pueblos indígenas
-Además, se aprobó una propuesta para que estado y municipios supervisen la no venta y comercialización de cigarrillos electrónicos y “vapeadores”.
Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 11 DE JUNIO DE 2022.- El pleno de la XXIV Legislatura de Baja California aprobó con 16 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra, una proposición para que se realicen consultas de personas con discapacidad y pueblos indígenas.
Lo anterior en cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó de una acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2020.
La diputada, Dunnia Montserrat Murillo López informó que para realizar estas consultas, los diputados harán una aportación de aproximadamente 28 mil pesos (por cada uno).
En ese sentido, la legisladora morenista sostuvo que para la ejecución de estos trabajos también colaborarán el Instituto Estatal Electoral (IEEBC), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el DIF como órganos técnicos.
Los legisladores que integran la fracción de Acción Nacional, así como de Movimiento Ciudadano, votaron en abstención porque argumentaron que no queda claro el esquema en el que se realizarán las consultas que deberán estar concluidas antes de febrero de 2023.
Por otra parte, los integrantes de la legislatura bajacaliforniana aprobaron por mayoría un exhorto para que las autoridades estatales, así como municipales (de los cinco ayuntamientos del Estado) realicen las labores necesarias para evitar la venta y/o comercialización de cigarrillos electrónicos y/o “vapeadores”.
El legislador del Partido del Trabajo (PT), Julio César Vázquez Castillo refirió que el pasado 31 de mayo de 2022, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para la prohibición de la venta y/o comercialización de cigarrillos electrónicos y vaporizadores.
En ese sentido, el legislador petista indicó que para garantizar que los jóvenes y adolescentes no tengan acceso a este tipo de artículos que dañan la salud.
