Por Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 1 DE JUNIO DE 2022.- Desde el año 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los artículos 16 y 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción de Baja California debía ser reformada, dos años después el cambio promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos todavía no se realiza y eso es uno de los factores para que en el estado no opere el órgano que debería estar vigilando las manos del gobierno para que no se embolsen lo que no es suyo.
Además, la Fiscalía Anticorrupción continúa sin un titular luego de que en enero, también de 2020 Elizabeth Ojeda Mayoral renunció a su cargo, tenía apenas un mes que el Congreso del Estado la había nombrado para ese encargo, sin embargo al intentar ejercerlo se encontró con que encabezaba una dependencia que carecía de infraestructura, recursos y personal para realizar su encomienda constitucional.
Sin un sistema estatal anticorrupción operando y una fiscalía que no tiene quien atienda las denuncias por corrupción las acusaciones terminan en meras anécdotas y material para ataques políticos hacia los involucrados en corruptelas, pero no en acusaciones formales con consecuencias legales que incluso podrían llevar a que los involucrados lleguen a la cárcel por abusar de la confianza que se deposita en los servidores públicos.
Jaime Bonilla Valdez como gobernador ha sido señalado de actuar de forma corrupta, al momento solo se le pretende involucrar en un caso de corrupción por el contrato con la empresa Next Energy pero esa acusación parece que terminará en un manazo de estate quieto porque pese al monto del daño, no se le ha judicializado, ni a él ni a ninguno de los que actuaron como cómplices.
Quienes tienen en sus manos hacer lo necesario para que el sistema y la fiscalía operen no han hecho nada de lo que les corresponde para hacer realidad el combate a la corrupción, los diputados no han reformado la Ley como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia y la gobernadora no se ha tomado el tiempo de enviar, como le corresponde, la terna para elegir al fiscal que persiga a los corruptos.
Mañosamente Jaime Bonilla y su pandilla hicieron hasta lo imposible por desmantelar el sistema que les parecía incómodo; no les gustó que hubiera ciudadanos vigilándolos de que hicieran las cosas bien y para eso se dedicaron a denostar a quienes podían exhibir sus corruptelas, se fue él y ahora Marina del Pilar Ávila no ha hecho nada por remediar el destrozo que realizó quien le antecedió.
En el caso de los diputados, esos están peor, la mayoría de ellos repiten en el cargo y en teoría eso debería ser un síntoma de continuidad, pero no, le han dado vuelta a la página como si no conocieran los temas que arrastran y en el colmo de la desfachatez hubo quienes hasta pidieron licencia para dejar su curul y salieron a tratar de movilizar personas en un intento por evitar que lo de la consulta popular resultara en el fiasco que terminó.
En todo este sistema el Poder Judicial tampoco se salva, todavía no tenemos al magistrado anticorrupción, por eso casos como el de la acusación contra Jaime Bonilla y cómplices tiene que formarse en la fila de la impunidad, esperando turno para que un juez de lo penal tenga espacio para encabezar la audiencia de imputación de cargos y en ese tiempo en espera, muchas cosas han pasado.
En fin, los tres poderes de Baja California están actuando para no combatir la corrupción como marca la Ley, Ejecutivo, Legislativo y Judicial están aplicando el “artículo cesto” del manual no escrito de la simulación y se regodean en el discurso del combate a los corruptos pero no hacen, lo que deben hacer, para que más allá de las palabras se pueda avanzar en los hechos y que esos que hicieron mal las cosas sean castigados.
El día de hoy, primero de junio de 2022, todos sabemos que Francisco Arturo Vega de la Madrid como gobernador de Baja California incurrió en actos de corrupción, también sabemos que Jaime Bonilla Valdés también fue un gobernador corrupto, pero a ninguno de los dos se le persigue formalmente con la intención de hacerlos pagar, conforme a la Ley por lo que hicieron. Todo indica, hasta esta mañana, que del quemón por sus trácalas no va a pasar.
De no hacer lo que tienen la obligación de hacer la gobernadora, los diputados y los magistrados del TSJE, todo pasará, llegarán nuevas corruptelas que harán que las anteriores se olviden y simplemente quedarán como una anécdota de corrupción para las charlas de café o desprestigiar a quien busque un cargo público.
