Por: Octavio Fabela
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 15 DE AGOSTO DE 2022.- Ya es momento que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad por los actos criminales que suceden en el país y que deje de culpar al pasado, señalaron funcionarios electos del Partido Acción Nacional (PAN), quienes exigieron un acuerdo por la seguridad en Baja California, además de adelantar que podrían recurrir a la vía legal en contra de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero por sus declaraciones del pasado viernes en los que deja entrever que conoce de acuerdos con el crimen organizado.
En conferencia de prensa, la senadora, Gina Cruz exigió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deje de culpar a sus antecesores de la situación de inseguridad y violencia que se recrudeció el fin de semana en varias partes del país, incluyendo a Baja California, reflexionó que, si la ciudadanía los respaldó con su voto, son los actuales gobernantes quienes tienen que asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo.
“Es muy fácil y cómodo culpar a otros, pero ellos (los gobernantes del partido Morena) son quienes tienen que dar resultado, no el gobierno anterior, ni el anterior, ni el anterior… yo creo que ya es momento de que asuman la responsabilidad como debe ser porque tienen cuatro años echándole la culpa al pasado”, expresó.
Además de la inseguridad, hay otros problemas como el del agua y el crecimiento económico por el que también deben responder.
Por su parte, el presidente estatal del PAN, exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda encabece un acuerdo por la paz en el que se involucre a todas las fuerzas políticas de la entidad, los tres niveles de gobierno y a los grupos organizados de la sociedad basado en cuatro puntos, en el que destaca la coordinación plena y efectiva de todas las corporaciones del orden en la entidad.
Sobre la presencia del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez en la audiencia de vinculación celebrada en Mexicali, aseguró que lo hizo porque ya goza de fuero y no puede ser acusado de ningún delito, lo mismo que el exsecretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, quien acudió ante el juez de control amparado ante cualquier acto en su contra, por lo que pidió se continúe con las investigaciones y de ser culpables ambos funcionarios se les procese penalmente.
