Más de 20 funcionarios podrían ser sancionados por medicinas caducas en BC

Por: Sonia de Anda

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 10 DE AGOSTO DE 2022.- El exsecretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, entre otros 20 servidores públicos que trabajaron durante su gestión, podrían ser acusados penal y administrativamente por haber permitido que se perdieran cerca de 40 millones de pesos en medicamentos, que se caducaron durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

Lo anterior fue informado por los titulares de las secretarias de Honestidad y la Función Pública, así como de Salud de Baja California, Rosina del Villar Casas y Adrián Medina Amarillas, respectivamente, quienes se refirieron a los más de 83 millones 312 mil 385.49 millones de pesos que se perdieron en medicamento, luego de que alcanzaran su fecha de caducidad entre el 2014 y el 2021.

La funcionaria estatal precisó que a raíz del proceso de entrega-recepción que se realizó en noviembre del año pasado, se percataron de que había una gran cantidad de medicamentos caducos almacenados en un tráiler, situación por la que se pidió un informe a la Secretaría de Salud del gobierno de Bonilla, mismos que no fue entregado.

“Nosotros desde la transición nos damos cuenta de esta acumulación de medicamentos en los almacenes de la secretaría, nos preocupó esa cantidad enorme de medicamentos caducos y solicitamos intencionadamente información sobre sus medicamentos, información que no se nos proporcionó y eso lo digo categóricamente, porque lo tenemos en documento donde se solicitó la información y no se nos dio”, puntualizó el Secretario de Salud.

Según los lineamientos federales se debe destruir el medicamento caduco, pero en Baja California no sucedió así desde el 2014, pues se tenía que contratar a un tercero que realizara el proceso, lo que representa una omisión, apuntó la Secretaria.

La funcionaria estatal agregó que, al recibir en el gobierno de Jaime Bonilla, medicamentos caducos de la gestión anterior y no reportarlo, las responsabilidades podrían alcanzar al entonces secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico.

Sin embargo, reconoció que hasta el momento sólo se ha encontrado un correo en el que se notifica de la acumulación de los productos a un subsecretario, mas no a Pérez Rico, por lo que están en vías de establecer si el titular de la dependencia tiene alguna sanción.

“Finalmente como responsable de la dependencia debes de gestionar procesar avisar y llevar a cabo lo que sea necesario para el adecuado cumplimiento a los servicios de salud y es fundamental el abasto de medicamentos, su distribución y la adecuada utilización de los mismos, así que se tendría que definirse responsabilidades desde el nivel más alto y según vayan descendiendo en el organigrama para determinar”, apuntó Medina Amarillas.

Rosina del Villar precisó que actualmente se revisan los servidores públicos que pudieron incurrir en alguna responsabilidad por la acumulación de medicamento caduco y que estaban a cargo del almacén como auxiliares, coordinadores, jefes, subdirector administrativo y demás, por lo que ya han identificado a cerca de 20 involucrados, además del anterior secretario de salud, Alonso Pérez Rico, ya que en su gestión también se perdieron más de 40 millones de pesos por el vencimiento de las fórmulas.

• Sin fecha aún para la aplicación de sanciones

Destacó que aún no se tiene una fecha probable de cuándo se podrían establecer sanciones administrativas y seguramente penales, por el daño patrimonial que se generó por omisión, pues de acuerdo con los lineamientos de Farmacopea, se tiene que notificar con 180 días de anticipación qué medicamentos están próximos a caducar y dar aviso a todas las unidades de salud o a los responsables de los programas para que se muevan y evitar la caducidad.

La investigación fue integrada por la Secretaría de Honestidad y Función Pública el 19 de noviembre en el expediente INB 102/21, donde se estableció que en los últimos tres años de la gestión del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid se acumularon cerca de 40 millones de pesos en medicamentos caducos, mismos que se heredaron al gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

Mencionó que de las sanciones administrativas que pueda generar la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHyFP), se puede integrar un expediente penal porque hay daño patrimonial por alguna omisión o mal manejo intencional del medicamento, lo que en su momento sancionaría la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que están involucrados recursos federales y por ello podría tomar parte la Fiscalía Especializada en Corrupción, además de que se generarían inhabilitaciones de hasta 20 años.

El Secretario de Salud detalló que el 80 por ciento de los recursos que se destinan a medicamentos en el Estado son de procedencia federal y el 20 por ciento restante del ámbito estatal, por lo que en esa proporción es el daño patrimonial.

Aunque se detectó la acumulación de medicamentos caducos desde la administración estatal de Kiko Vega, nunca se procedió a dar de baja los productos conforme lo establece los lineamientos y lejos de proceder a la destrucción de los mismos, se siguieron acumulando fórmulas y vacunas de manera incorrecta hasta que se acumularon otros 40 millones de pesos en pérdidas por alcanzar fechas de vencimiento.

Ambos funcionarios aclararon que los medicamentos que hallaron caducos no son únicamente de los utilizados en pacientes con cáncer, pues son de todo tipo e incluyen materiales de curación y sobre todo para enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión, diabetes y demás.

Entre los medicamentos que más se caducaron se encuentran los fosfolípidos porcinos que favorecen la madurez pulmonar en el nacimiento prematuro, vacuna heptavalente, para la hepatitis y la triple viral; el bosentan que es un vasodilatador pulmonar; los trombo líticos que destruyen coágulos sanguíneos, además de antivirales y anticoagulantes.

Rosina del Villar destacó que en la inspección que se ha realizado en almacenes se halló el medicamento caducó en todo el estado, sobre todo en los hospitales General de Ensenada, Tecate y Tijuana, así como en el Materno Infantil y la Jurisdicción Sanitaria de Vicente Guerrero.

“Nos topamos con la sorpresa de que el medicamento caducó es de 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021”, apuntó del Villar Casas, quien consideró que esta acumulación de medicamento caduco se pudo deber en el caso de los últimos tres años de la gestión de Kiko Vega a que no se siguieron procedimientos para su trato, pues anteriormente se tenía una persona responsable que era el encargado de sanidad.

La secretaria de Honestidad indicó que para poder desechar el medicamento caduco se requiere un procedimiento especial autorizado por Comisión Federal de Protección a Riesgo Sanitario (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente, además de que deben seguirse lineamientos que establecido por el organismo “Farmacopea”.

• Suspensión de servicios de salud en pandemia pudo ocasionar la caducidad de medicamentos

Entre las causas que pudieron originar la acumulación de medicamentos caducos, los funcionarios precisaron la ausencia de lineamientos estatales para dar salida a productos que empiezan alcanzar su fecha de vencimiento.

Sin embargo, para el caso en particular de la gestión de Jaime Bonilla, donde también se perdieron otros 40 millones de pesos en medicamentos, Medina Amarillas consideró que pudo haber influido, entre otros factores, la suspensión de los servicios de salud y de programas de atención a enfermedades comunes, derivado de la pandemia que provocó la reconversión de hospitales y de servicios de salud, aunque destacó que la gran cantidad que se tiene en pérdidas obliga a una investigación que ya se realiza.

Al respecto, la secretaria Rosina del Villar indicó que a nivel federal se realizó un diagnóstico para establecer las causas de la acumulación de medicamentos caducos, pues es una situación que se presentó en varias entidades del país y se estableció que debido a la corrupción que había en el manejo de estas fórmulas, la federación enviaba a los estados más medicamentos de los que se requerían.

“Por la propia corrupción que ha existido de que los medicamentos se estaban entregando en demasía al requerimiento de los estados y no se les estaba permitiendo rechazarlo”, apuntó y por ello se pidió a los organismos de contraloría de las entidades apoyar en establecer medidas que impidieran la repetición de estas pérdidas millonarias, por lo que esta semana el Secretario de Salud de Baja California le entregó el manual que habrá de seguirse en el Estado para evitar la repetición de esta situación.

A este respecto Medina Amarillas detalló que preocupado porque en su gestión se pierdan medicamentos por caducidad, se integró un manual en el que habrá un control electrónico del abasto, distribución y utilización de los medicamentos con apego a lineamientos federales.

“En un hospital el médico que está prescribiendo se podrá dar cuenta de qué cantidad de medicamento existe en la farmacia del hospital y en la farmacia se van a dar cuenta de qué cantidad existe en el almacén”, acotó, pues destacó que cuando se pierden millones de pesos, se incurre en responsabilidad.