Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación temen que el Consejo de la Judicatura pretenda obligarlos a renunciar ante la transición de los Tribunales de Distrito al Tribunal de Apelaciones, lo que dejaría sin empleo a unos 90 trabajadores de base que podrían ser asignados a otras ciudades.
Manuel Raúl Ochoa Ruelas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación sección 25, explicó que la única información con la que cuenta la base trabajadora es que los cinco tribunales se fusionarán en uno que empleará a solo 60 personas.
Añadió que tampoco existe certeza de que los 60 empleados sean seleccionados de la base de Tijuana, ya que el Tribunal Colegiado de Apelaciones se conformará con tres magistrados uno de ellos es foráneo y podría traer a su equipo de trabajo.
“No sabemos qué es lo que va a ocurrir, si los van a cambiar a todos para allá o se van a quedar aquí o los van a recibir a otros órganos jurisdiccionales en Tijuana pero el enfado de los trabajadores y la preocupación es porque no hay información ya que nadie nos ha dicho nada”, sostuvo.
Por su parte Alicia Isabel Licea Medina, secretaria de base del Octavo Tribunal Unitario, compartiò que tiene 22 años trabajando para el Poder Judicial, actualmente es madre de tres hijas que acuden a la universidad y no estaría en condiciones de cambiar su residencia ya que la información que tiene es que la enviarían a Chihuahua o a Ciudad Juárez.
Consideró que la maniobra del Consejo de la Judicatura es la de obligarlos a firmar sus renuncias y con ello evitarse el pago de las liquidaciones por el tiempo trabajado en la institución, añadió que ve muy complicado que se pueda tener un litigio exitoso en materia laboral ya que los acusados serían los propios magistrados.
En tanto, Raúl Argote, secretario del Tribunal aseguró que el cambio de adscripción a otra cuidad para los 90 trabajadores del Poder Judicial que no sean considerados en el nuevo tribunal enfrentarían un doble gasto porque sería imposible que hagan el traslado con sus familias a otra ciudad de residencia.
Coincidió con la secretaria Licea Medina en el sentido de que ven en esta maniobra del Consejo de la Judicatura una medida de presión para que trabajadores con años de antigüedad laboral renuncien a sus derechos de liquidación. El Tribunal Colegiado de Apelaciones empezará a funcionar el próximo 15 de noviembre.