Por Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.- Hace unos días concluyó el análisis de la cuenta pública 2020 de los gobiernos municipales, paraestatales, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y la Auditoría Superior del Estado (AseBC) detectó millonarias irregularidades.
Los gobiernos encabezados por “morenistas” son más de lo mismo, incurren en los mismos “vicios” que los gobernantes del PAN y del PRI.
Pero lo no menos sorprendente es que igual que en los gobiernos de los “conservadores” -como les llama el presidente López Obrador – es que pese a las irregularidades no hay sanciones, reina la impunidad.
De otro modo no se entiende el por qué la mayoría de los integrantes de la comisión de Fiscalización del Gasto Público de la XXIV Legislatura aprobó la cuenta pública 2020 del alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles.
En la revisión de la cuenta pública 2020 de Ensenada, la AseBC detectó obras inconclusas, incrementos presupuestales fuera de la norma establecida, entre otras.
Será que el bonillista Ayala Robles ya fumó la pipa de la paz con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y eso le valió para que los diputados se hicieran de la “vista gorda”.
Seguramente sí, porque ya hasta pasó un año desde que los integrantes de la comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional dieron entrada al dictamen para la solicitud de juicio político contra el bonillista Ayala Robles.
La solicitud de juicio político fue promovida en los primeros días de octubre del 2021 por regidores del cabildo del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, luego de la creación del organismo municipal regulador del agua en dicho municipio.
Pues no que con los gobiernos emanados de Morena se terminaría la impunidad, parece que en Baja California, así como en otros estados del país, todo cambió, para seguir igual.
Y mientras, los ciudadanos seguimos como testigos de la simulación con la que se maneja la clase política bajacaliforniana, mucho ruido y pocas nueces. No son iguales, son peor.