Por Lourdes Loza Romero
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 14 DE DICIEMBRE DE 2022.- Por cuatro años Laura fue víctima de hostigamiento y abuso sexual por parte de su jefe, directivo de la empresa Operadora de Servicios Mega, en la cual ella tenía más de doce años laborando.
De acuerdo a lo reportado por medios jalisciencienses, Laura sufrió ansiedad, depresión y trastorno del sueño a consecuencia de la violencia que su jefe, identificado como Ignacio Javier González Delgadillo, ejerció en su contra.
Todo esto ocurrió en las mismas oficinas de la empresa, ubicadas en Zapopan, Jalisco. Laura se armó de valor y en enero de este año hizo la denuncia penal correspondiente en contra de su agresor. No estaba dispuesta a guardar silencio sobre los abusos a los que fue sometida.
A partir de este momento, la mujer fue víctima de varias irregularidades por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco que no cumplió con el debido proceso de atenderla, y que la terminó criminalizando en lugar de protegerla.
También desde que interpuso la denuncia, sufrió amenazas constantes por parte de su agresor. Cabe destacar que la empresa de la cual es directivo, cuenta con un importante contrato con el actual gobierno estatal de Jalisco, dirigido por Enrique Alfaro. Este contrato fue otorgado casi de inmediato en cuanto Alfaro tomó posesión al cargo de gobernador, según lo reportado por divertos medios de aquella entidad. Así que no está de más pensar, que el agresor de Laura tuvo alcance a la influencia suficiente para evadir la justicia y acusarla de un delito que no cometió.
En el mes de septiembre Laura fue detenida por presunto fraude y recluida en un penal femenil en Jalisco, el Juez a cargo de su caso no le permitió fianza ni llevar su proceso en libertad. El inicio del proceso penal también estuvo plagado de irregularidades, e incluso fue víctima de tortura, misma que ya documenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que atrajo el caso luego de una entrevista que le hicieron.
Según lo que relató la mujer en una carta dirigida al organismo, su detención fue violenta y en varias ocasiones la hicieron desvestirse frente a personas que nunca se identificaron. En la audiencia de vinculación también sufrió de varias vejaciones, la dejaron sin comida hasta que se desmayó y no le permitieron cambiar su toalla sanitaria cuando lo solicitó, pues ese mismo día tenía su periodo menstrual.
A pesar de contar con evidencia suficiente para demostrar su inocencia por el delito que le fabricaron, la vincularon a proceso y establecieron un periodo de cuatro meses para la investigación. Mientras el agresor de Laura continúa en libertad y en completa impunidad.
Ella, desde el penal, aseguró que no se arrepiente de haber denunciado a Ignacio. Mantiene la esperanza de recuperar pronto la libertad y regresar a lado de su familia, a la vez que recibe justicia por la violencia que sufrió en su entorno laboral.
Desde aquí deseamos que no pesen las influencias y se garantice la vida libre de violencia para el resto de las mujeres que trabajan en esa empresa, y que Laura pueda volver a lado de sus seres queridos con toda la protección debida. También que el agresor pague. Porque al final no deja de ser un agresor, que aprovechó su posición de poder para violentar a una mujer a su cargo y acusarla de un delito que no cometió.