Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 20 DE DICIEMBRE DE 2022.- La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, tiene frente a sí una tarea muy difícil de superar, la situación de inseguridad es crítica y no se ve cómo pueda mejorar en el municipio más poblado del país.
Todavía no concluye el año y en esta ciudad fronteriza ya se superó el número de delitos -robos, vehículo, comercio, casa y homicidios dolosos- con 43 mil 237.
En el 2021 fueron 43 mil 098 delitos -en sus distintas modalidades- los que se cometieron en Tijuana, sin embargo, en el 2020 fueron 39 mil 631 delitos.
Es decir, según las cifras de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) los delitos aumentaron un 9.09 por ciento con respecto a los que se cometieron en el 2020.
La situación de inseguridad es tan grave, que cada vez son más visibles los hechos delictivos, se cometen en zonas más concurridas, anteriormente “blindadas”.
A pesar de la presencia de Guardia Nacional, policía municipal, Fuerza Estatal de Seguridad, no se ha podido contener la ola delictiva; ¿No hay estrategia, no hay coordinación o qué está pasando?
La situación no va a mejorar si no se hace un cambio de estrategia entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, porque lo realizado hasta el momento no ha servido de mucho.
La aprobación de deuda pública para el Ejecutivo bajacaliforniano
En la XXIV Legislatura de Baja California se le aprobó al Ejecutivo estatal la posibilidad de solicitar un crédito hasta por 3 mil 500 millones de pesos.
Los recursos, al menos 3 mil serán para obras de infraestructura hídrica en la entidad, además, 500 millones de pesos para obras y acciones para erradicar la violencia contra la mujer.
Para los diputados de la oposición, PAN y MC, la solicitud del crédito no era necesaria, pues se aumentará la recaudación estatal con el incremento al agua y la sobretasa de 1.25 al impuesto sobre nómina.
También, los diputados acordaron que cada seis meses se entere a los integrantes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Fiscalización del Gasto Público, el avance del uso de recursos.
Pero si está comisión de diputados va a revisar los avances de obra, como la que supuestamente analiza la procedencia de juicio político contra el alcalde Armando Ayala, pues no habrá una supervisión efectiva.
