Demandarán a Fiscalía y Ayuntamiento por demolición de edificio
El fiscal y la alcaldesa desacataron la orden de un juez y podrían tener consecuencias.
Por: Octavio Fabela Ballinas.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 20 DE MARZO DE 2023.- La defensa legal de las personas que resultaron heridas tras la explosión del edificio de la calle Ángela Peralta en la colonia 20 de Noviembre, presentará denuncias en contra de la Fiscalía General del Estado y del Ayuntamiento de Tijuana por autorizar la demolición del inmueble sin que se terminaran los peritajes para interponer demanda civil para la reparación del daño.
La abogada Cecilia Álvarez, representante de Brendan Woods, afectado tras la explosión ocurrida la noche del 18 de abril en donde una mujer coreana también perdió la vida en el edificio de 14 departamentos propiedad de la inmobiliaria Punto Raíz, explicó que de resultar culpables los titulares de las dependencias demandadas deberán separarse del cargo.
De acuerdo con la defensa, la Fiscalía General del Estado liberó la propiedad pese a que ya estaba enterada de que existía un juicio de amparo además de que el Ayuntamiento autorizó la licencia de demolición a los dueños del inmueble.
“Nosotros estábamos pidiendo que no se lo regresara que no lo entregara a nosotros porque tenemos una posesión derivada de un contrato de arrendamiento y que queríamos llevar a cabo nada más dos pruebas, que terminando estas pruebas se los podían entregar”, expuso.
Agregó que, de acuerdo con los códigos de Baja California, el reclamo de indemnizaciones se hace mediante un juicio sumario en el que es necesario entregar las pruebas al momento de presentar la demanda por la vía civil.
“Habiendo un amparo en curso y negando los actos, las violaciones a Derechos Humanos que estaban cometiendo tanto el Ayuntamiento como la Fiscalía decidieron demoler sin permitirnos obtener las pruebas que necesitamos”.
“Esto un desacato a la autoridad y mentir ante autoridad judicial por haber dicho que no tenían conocimiento de los actos que estaban reclamando lo que lleva a todos los participantes dentro de la carpeta a una remoción inmediata de su puesto, pero no solo esto a no poder volver a ocupar cargo público de tres a diez años”, concluyó.
