Cierra mina en San Felipe, tras muertes y cuentas sin saldar

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Por: redacción E32

Muertes de trabajadores, accidentes laborales, clausuras, sanciones, opacidad e inconsistencias en las verificaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así operó durante los últimos siete años la mina Real de Ángeles Unidad San Felipe, de acuerdo al reportaje de Christian Galarza.

De acuerdo a los testimonios e información obtenida mediante solicitudes de información por transparencia recabados para esta investigación del periodista, la Mina Real de Ángeles Unidad San Felipe, ubicada en Baja California, cerró sus puertas en diciembre de 2022, sin una explicación a los empleados, sin que se les diera un finiquito a al menos 38 de ellos, y sin que pagara impuestos prediales.

Su cierre se efectuó luego de haber estado envuelta en polémicas por sus condiciones laborales e incluso muertes de trabajadores en sus instalaciones, sin que algunos de estos fallecimientos quedaran registrados en los archivos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), según documentos obtenidos por transparencia.

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Entre 2017 y 2022 ocurrieron al menos 17 accidentes laborales donde fallecieron cinco trabajadores.

De los cinco obreros que fallecieron, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo reportó dos, uno en 2017 y otro en 2019, según una respuesta brindada por la Plataforma Nacional de Transparencia en la que le fue solicitado a la dependencia información de las muertes ocurridas entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2022.

Sin embargo, los trabajadores denunciaron otra muerte ante los medios de comunicación en 2019; y la Fiscalía General del Estado de Baja California abrió carpetas de investigación por otros dos fallecimientos en la mina en 2021 y 2022.

Además, de los 17 accidentes, cinco de estos ocurrieron en 2020 y tampoco fueron registrados por ninguna autoridad, pero los trabajadores levantaron bitácoras reportando los hechos, como consta en el documento proporcionado por Joaquín Salazar, quien fue supervisor de área en la Mina.

 

A los accidentes y muertes, se sumaron las denuncias de trabajadores, quienes de manera reiterada señalaron que no tenían condiciones de seguridad para extraer el oro y plata de la mina e incluso entraron en un paro de labores, lo cual fue cubierto por medios de la localidad.

Debido a estas denuncias, la STPS realizó 12 inspecciones en la mina entre 2016 y 2022, en las cuales instruyó en siete ocasiones medidas de seguridad y salud para los trabajadores. Sin embargo, la empresa acató sólo una de las medidas exigidas.

Además, luego de una inspección realizada tras el último fallecimiento en la mina, en abril de 2022, la autoridad federal ordenó la restricción de acceso a los polígonos subterráneos de trabajo Esmeralda Centro, Creston, Sinai, Area 600 y Cantil Norte por el riesgo que representaban dichas áreas.

En diciembre de 2022, cuando se venció el permiso de operación, la empresa anunció ante los trabajadores el cierre del lugar. Los empleados se manifestaron en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) al asegurar que, para evitar indemnizaciones, la empresa les dijo que si querían conservar su trabajo, debían trasladarse a otra mina ubicada en el estado de Aguascalientes.

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