Por: Redacción E32
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2023.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial Federal (PJF) de no aprobar que los recursos de fideicomisos extintos se entreguen a Tesorería de la Federación y puedan destinarse a la reconstrucción de Acapulco.
“No debieron anteponer sus intereses meramente económicos por encima del bienestar de la población de Acapulco, que requiere una actitud solidaria”, expuso en un comunicado la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Acusó que en “forma rápida, inusual y sin oír a todas las partes en juicio”, el juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó la suspensión definitiva del decreto de 27 de octubre de 2023 con efectos para todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La decisión del juez impide de manera indefinida que la Tesorería de la Federación pueda disponer de los recursos de sus fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco, disposición que ordenó la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 el pasado 9 de noviembre, se expone en el documento.
Consideró que la suspensión solo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio.
En ese sentido, la federación señaló a jueces y magistrados de resolver amparos que les benefician, “con el pretexto de defender la independencia judicial, pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios de los que no gozan los demás servidores públicos”.
Por ética judicial, consideró la Consejería Judicial que los juzgadores debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos en contra de la extinción de los fideicomisos del PJF.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, que se ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF, ya que éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes, están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo.