Presenta en el Congreso iniciativa de ley contra la violencia ácida

Se busca tipificar como delito autónomo las lesiones causadas con ácido y otras sustancias, así como decretar medidas de protección necesarias

Por: Redacción E32

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 3 DE DICIEMBRE DE 2023.- Con la finalidad de adicionar en las leyes estatales el tipo de violencia ácida y las lesiones causadas por ataques con sustancias químicas o corrosivas, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, presentó iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California y el Código Penal del Estado.

Propuso también atribuir a la Secretaría de Salud llevar un registro y compartir a las autoridades competentes la información y estadísticas de casos de lesiones causadas por sustancias químicas, corrosivas cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas, etcétera, y tipificar como delito autónomo las lesiones causadas mediante las sustancias señaladas.

Se i8ncluyó tipificar la tentativa de feminicidio y atribuir al Ministerio Público la obligación de garantizar la reparación del daño; así como decretar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la mujer víctima de lesiones causadas mediante esas sustancias.

La diputada inicialista abundó en que se puede identificar una amplia variedad de aproximaciones legislativas para atender esta problemática en diversas entidades federativas como Puebla, Oaxaca y Ciudad de México, sobre todo mediante reformas a sus Códigos Penales.

Dijo que, si bien se ha dado un paso para reconocer la violencia ácida dentro de la tipificación de violencia física, lo cierto es que por la carga psicológica que se busca impregnar con este tipo de acciones, existe la necesidad de definir este delito de forma autónoma a la violencia física.

Subrayó que, por tratarse de un delito cometido preponderantemente contra mujeres, resulta evidente que se ha atendido primordialmente desde una perspectiva de género, pero en las leyes y códigos estatales ha sido significativamente heterogénea, aunque es posible identificar y categorizar 2 criterios generales para definir y sancionar la violencia ácida.

El primero implica entender que las sanciones u agravantes contra las manifestaciones de violencia ácida únicamente deben de considerarse cuando son en contra de mujeres por tratarse de un delito por razón de su sexo.

El segundo reconoce la posibilidad de que este delito se realice independientemente del sexo de la víctima, género que sí deberá considerarse cuando, bajo ciertas características, existan agravantes para considerarlo como un móvil.

La legisladora expuso que desafortunadamente en México no existen cifras oficiales del número de víctimas atacadas con ácido, no obstante, según datos proporcionados por medios de comunicación, del año 2001 al 2021 se sabe que al menos 22 mujeres han sido víctimas de agresiones con un agente químico corrosivo.

De acuerdo a datos recopilados y analizados por la Fundación Carmen Sánchez, se puede identificar que la mitad de las víctimas mujeres tenían entre 20 y 30 años de edad, además el 59% tenían o habían tenido una relación sentimental con su victimario y en el 85% de los casos el autor del ataque fue un hombre.

Porponen reforma al Código Civil

• Tiene por objeto que se avise a la autoridad cuando una madre menor de edad presente a una o un recién nacido, para descartar que haya sido víctima de algún delito

Mexicali, B.C., domingo 3 de diciembre de 2023.- Una iniciativa de reforma al Código Civil de Baja California, cuyo objeto es dar aviso a la autoridad por parte del registro civil en el caso en que una madre menor de edad presente a una persona recién nacida, para descartar que haya sido víctima de algún delito que haya puesto en riesgo su integridad, presentóla diputada Dunnia Montserrat Murillo López.

La maternidad temprana, es un problema social que ha ido en aumento en los últimos años, debido a diversos factores que influyen para que se presente, enfatizó

Cuando una adolescente se convierte en madre, sus derechos sexuales, reproductivos, de salud y educación, entre otros, se ven vulnerados a corto plazo, señaló la legisladora de Morena.

“Podemos suponer -dijo- que un gran número de embarazos en niñas y adolescentes, no son resultado de actos deliberados o de decisiones entre personas con igual libertad y con la posibilidad de consentir o disentir actos sexuales, sino que son resultado de actos de vulnerabilidad, abandono, abuso, relaciones dispares de poder y pobreza, en las que se les retira la posibilidad de negarse al acto sexual, provocando una grave violación a sus derechos humanos”, argumentó.

Un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), mostró que el 2.8 por ciento de las mujeres que tuvieron su primera relación sexual en la infancia o en la adolescencia, no la consintieron.

También mostró que 1.2 millones de mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales por la fuerza o bajo amenaza alguna vez durante su infancia. La encuesta también muestra que 8 de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas y que 7 de cada 10 son familiares como el padre, padrastro, tío, hermano, primo.

La protección de las juventudes, es un factor determinante para el crecimiento económico, por lo que aumentar las vías a través de las cuales las autoridades pueden garantizar el acceso a la justicia para este grupo poblacional, se vuelve objetivo de la presente propuesta, concluyó.