Por: RedacciónE32.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 28 DE FEBRERO DE 2024.- La Junta de Coordinación Política recibió en el Pleno del Congreso, al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, y su equipo de colaboradores, para el desahogo del informe de actividades correspondientes al año 2023.
En su presentación inicial, el compareciente mencionó que se ha promovido la coordinación con las autoridades para agilizar la resolución de problemas y brindar una atención más eficiente.
Durante el 2023 la CEDH mantuvo un contacto directo con la población, realizó 1520 gestiones, 1212 orientaciones jurídicas, se iniciaron 1199 expedientes de quejas y se llevaron a cabo 120 remisiones a autoridades, además de registrar nueve archivos de control, totalizando 4,051 asuntos, de los cuales se han concluido 3,932 hasta el momento.
El funcionario señaló el acompañamiento en las brigadas de búsqueda de personas, y en relación a la Alerta por Violencia de Género. Agregó que el organismo ha establecido una supervisión permanente de las actividades relativas por parte de las instancias estatales y municipales para atender el contexto de violencia feminicida.
Por parte de los diputados presentes en la sesión ampliada, hubo cuestionamientos sobre la celebración de convenios con instituciones, las quejas en materia de educación, la intervención en la falta de atención médica a las personas recluidas en los Centros Penitenciarios, la atención en el municipio de San Quintín y San Felipe, la participación en manifestaciones como el 8M.
Asimismo interrogaron acerca de la asistencia en los temas de personas desaparecidas, y en la alerta de género, entre otros planteamientos.
Ochoa Orduño contestó que debido a la alta demanda de atención médica de las personas privadas de la libertad, se está desarrollando un proyecto para que los centros penitenciarios sean unidades receptoras donde estudiantes de medicina puedan realizar sus prácticas.
En el rubro de los convenios dijo que se han firmado convenios con autoridades y con distintas organizaciones civiles, principalmente para privilegiar el derecho a la salud.
En cuanto a la intervención en relación a los hechos de personas desaparecidas, precisó que el papel que desempeña la institución es acompañar a las familias y observar las actuaciones de la fiscalía, por cuanto, a la prevención de violencia de género, se han capacitado a más 12 mil mujeres en el Estado.
Juan Manuel Molina, coordinador de la JUCOPO, pidió al titular de la dependencia su opinión con respecto al actuar de las autoridades en el tema de personas desaparecidas, a lo que respondió que se ha detectado principalmente falta de comunicación, organización y herramientas, por parte de la Comisión de Búsqueda, “también hay que resaltar la falta de personal para atender esta problemática”.
