Auditoría Superior del Estado entregará informe de contratos con Fisamex
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.- Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado fue aprobado que la Auditoría Superior del Estado realice un informe de auditoría específico, referente a la contratación de la empresa ROMAFAM S.A. de C.V., mejor conocida como FISAMEX, con los organismos operadores de agua en el Estado en los ejercicios Fiscales 2020 y 2021.
El diputado Diego Echevarría puntualizó que del ejercicio del 2020 se advierten varias irregularidades, aunque ya se aprobó lo referencia a Mexicali, las de Tijuana y Tecate fueron rechazadas, al menos en lo que se refiere a la contratación de Fisamex.
Detalló que de inicio está viciada con una adjudicación directa, en lugar de una licitación pública derivada del monto a contratar, existiendo un probable quebranto a las finanzas públicas por la falta de garantías para la devolución de la comisión del 20% cobrada por dicha empresa, ante resoluciones judiciales adversas que ordenan la devolución de lo recaudado por las auditorías que realizó.
Expresó que los actuales legisladores no deben ser cómplice de actuaciones irregulares por parte de las anteriores autoridades en complicidad con empresas privadas, deben ser muy responsables sobre todo en lo que se refiere a los impuestos y derechos que las y los bajacalifornianos pagan, a cambio de los servicios que reciben.
El informe de la ASE deberá ser entregado a la Junta de Coordinación Política del Congreso a más tardar el 15 de febrero de 2023. El Congreso busca contar con información detallada de los contratos por Fisamex, para tomar los acuerdos y decisiones que puedan derivarse de los datos que resulten obtenidos del informe solicitado.
El acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política que preside la diputada María del Rocío Adame Muñoz, fue aprobado en sesión plenaria del Congreso con 20 votos a favor y dos en contra, estos últimos de los diputados Marco Antonio Blásquez Salinas y Sergio Moctezuma Martínez López.
La Junta de Coordinación Política tomó en cuenta dos proposiciones de punto de acuerdo sobre el tema de Fisamex promovidos previamente en junio y octubre de este año por los diputados Juan Diego Echavarría Ibarra y Daylín García Ruvalcaba, con peticiones agregadas en los primeros días de noviembre.
Como antecedentes generales se recordó que durante el ejercicio fiscal 2020, la administración del entonces gobernador, Jaime Bonilla Valdez, contrató los servicios profesionales de la persona moral particular ROMAFAM, S.A. de C.V. (conocida como FISAMEX), con el objetivo de que dicha empresa privada, realizara la revisión de consumos de agua a usuarios comerciales a fin de dictaminar posibles volúmenes irregulares, determinando así, adeudos en el servicio de agua potable y derechos de conexión a la red de drenaje sanitario.
Desde el inicio de dichos contratos y hasta su culminación en agosto de 2021, según cifras del propio Ejecutivo Estatal, el gobierno ingresó mil 812 millones de pesos por pagos hechos por las empresas dictaminadas, de acuerdo con un reporte oficial publicado el 29 de septiembre de 2021.
Ese recurso se obtuvo principalmente, como resultado de las auditorías realizadas por FISAMEX a tres mil 428 empresas, comercios o industrias asentadas en los diversos municipios del Estado, que arrojaron adeudos por agua no contabilizada en años anteriores y derechos omitidos en un monto superior a los seis mil millones de pesos.
Empero, por estos cobros, varias de las empresas o negociaciones auditadas presentaron tanto demandas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, como denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, y amparos ante los Tribunales Federales en contra del gobierno estatal y de la empresa privada FISAMEX y sus directivos o empleados.
En los diversos contratos celebrados entre FISAMEX y los organismos operadores de agua en el Estado, se dispone que como contraprestación se pagaría a dicha empresa por sus servicios, el 20 por ciento del recurso recaudado mediante las mencionadas auditorías, estimándose que dicha empresa, obtuvo como comisión por su labor, una cantidad cercana a los 320 millones de pesos, en tan solo 15 meses.
