Clausuran clínica Jireh durante operativo conjunto por incumplimientos sanitarios
Fuerzas federales y estatales suspendieron actividades en el centro; encargados pidieron garantizar alojamiento para las personas que permanecían internadas.
La clínica Jireh fue clausurada la tarde de este viernes durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales por incumplimientos sanitarios, según informó el Gobierno del Estado.
Sandra, encargada de la clínica Jireh para mujeres, quien s autodenomina “La Madrina”, señaló que las autoridades deberán hacerse responsables de reubicar a las personas que permanecían en el lugar, debido a que algunas se encuentran en situación de calle y utilizaban el centro como vivienda.
El cierre ocurrió después de que el pasado 21 de agosto Richard Damián, quien se encontraba interno en el centro de rehabilitación, perdió la vida presuntamente tras recibir 38 golpes dentro de las instalaciones.
La encargada consideró excesivo el despliegue realizado y sostuvo que las investigaciones deben dirigirse contra quienes resulten responsables.
Sandra indicó que desconoce el número exacto de personas que permanecían en la clínica, debido a que constantemente recibían a quienes acudían a solicitar ayuda. Agregó que no existe posibilidad de trasladarlos a otros centros Jireh.
La responsable del área para mujeres pidió que las autoridades garanticen un lugar para quienes quedaron sin alojamiento tras la clausura y consideró que el operativo podría tener motivaciones políticas, aunque no presentó elementos que acreditaran ese señalamiento.
Fotos por Border Zoom
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Los incumplimientos sanitarios
De acuerdo a un comunicado emitido por el gobierno de Baja California, se establece que luego del homicidio registrado en este centro de rehabilitación, las autoridades estatales realizaron una revisión del establecimiento y como resultado de la verificación sanitaria, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) documentó incumplimientos a la normatividad aplicable y determinó la suspensión temporal de sus actividades.
Durante la verificación se identificaron deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internas. Estos hallazgos dieron lugar a la suspensión del establecimiento, conforme a las atribuciones de la autoridad sanitaria.
“La intervención se realizó mediante un operativo interinstitucional apegado al respeto a los derechos humanos, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, IPEBC y la COEPRIS”, precisa el documento.
Hay un detenido por estar armado
Asimismo, se indica que durante la diligencia también fue detenida una persona que fungía como escolta en el lugar, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar que contaba con el permiso correspondiente. La persona fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.
Al momento de la intervención se encontraban personas internadas en el establecimiento, por lo que las acciones se desarrollaron priorizando su integridad, estado de salud y derecho a recibir atención en condiciones seguras y dignas.
El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) ofreció el servicio de traslado a las personas internas a otros centros de atención. Ninguna persona fue desalojada.
La actuación también se llevó a cabo en el contexto de la investigación por el homicidio de un joven de 28 años ocurrido dentro del centro. De acuerdo con la información recabada, la víctima ingresó el 18 de agosto y fue localizada sin vida tres días después. El Servicio Médico Forense determinó como causa de muerte asfixia mecánica y documentó más de 40 lesiones recientes.
Como parte de la investigación, el 29 de agosto la Fiscalía General del Estado ejecutó dos órdenes de aprehensión contra personas señaladas como presuntas responsables. El procedimiento penal continúa a cargo de la autoridad competente y bajo el principio de presunción de inocencia.
La suspensión constituye una medida administrativa sustentada en los resultados de la verificación sanitaria. Las investigaciones relacionadas con el homicidio y con la portación del arma de fuego continuarán de manera independiente para determinar las responsabilidades correspondientes.
Las autoridades mantendrán la supervisión de los centros de rehabilitación, incluidos aquellos relacionados con la denominada “Patrulla Espiritual”, con base en criterios técnicos y legales aplicables a cualquier establecimiento. El objetivo es garantizar que quienes atraviesan por un proceso de rehabilitación reciban atención segura, digna y respetuosa de sus derechos.
