Dan 10 años de prisión a residente de La Mesa por secuestrar a esposa
Un hombre recibió una sentencia por secuestro en La Mesa, luego de que un jurado lo encontró culpable de golpear, privar de la libertad y trasladar por la fuerza hacia México a su expareja sentimental.
La pena impuesta por un juez de la corte federal de Estados Unidos fijó un castigo de 121 meses de cárcel en contra de Chad Oso, de 55 años de edad,
De acuerdo con el expediente judicial, los hechos se registraron el 17 de septiembre de 2024 en la comunidad de La Mesa, en el condado de San Diego, cuando Oso interceptó a la mujer, la agredió físicamente y la arrastró hasta el interior de un vehículo particular para llevársela contra su voluntad, abandonando a los hijos de la víctima en el sitio del ataque.
El imputado condujo con la afectada hasta la línea divisoria internacional buscando internarse en territorio bajacaliforniano; sin embargo, en las inmediaciones del puerto fronterizo la víctima aprovechó un alto para alertar y solicitar el auxilio de corporaciones policiales mexicanas.
El aviso activó un operativo bilateral que permitió la inmediata intervención de oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes aseguraron al agresor y rescataron a la mujer en los andenes de revisión antes de que pudiera cruzar la aduana.
Tras el desahogo de testimonios, peritajes médicos de las lesiones y pruebas periciales de geolocalización presentadas por la fiscalía federal, el juicio concluyó el pasado mes de marzo cuando el jurado ciudadano emitió un veredicto unánime de culpabilidad por el cargo de secuestro federal.
Con base en esos elementos, el togado dictó el fallo condenatorio que obliga a Oso a purgar una pena superior a los 10 años en una penitenciaría federal, además de enfrentar restricciones y periodos de libertad supervisada una vez que comparta el término de su sanción en prisión.
El fallo del tribunal contempla órdenes de restricción definitivas para proteger la integridad de la víctima y sus familiares directos, impidiendo cualquier tipo de contacto postal, telefónico o por interpósita persona tanto durante el encierro como tras su eventual liberación.
