Despojo e invasiones: alistan reformas legales en Baja California

El problema del despojo e invasiones de inmuebles en Baja California impulsó el inicio de mesas de trabajo legislativas para reformar las leyes en materia de vivienda y frenar fraudes inmobiliarios que atentan contra la seguridad del patrimonio.
El grupo de análisis, coordinado por el diputado Jaime Cantón, da continuidad a los planteamientos surgidos durante el Foro Estatal de Vivienda Para Todas Las Personas realizado el pasado 25 de junio, con la meta de actualizar de forma integral el marco legal del sector.
Especialistas analizan el impacto del despojo e invasiones
En el diseño de las propuestas participan académicos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), pertenecientes a la Facultad de Derecho Mexicali, el Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Arquitectura Mexicali.
Asimismo, se sumaron a la revisión litigantes, profesionales del ramo inmobiliario y constructores, en conjunto con representantes de la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, el Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de Mexicali.
Las mesas de discusión tienen como objetivo armonizar los criterios judiciales y las normativas vigentes para cerrar vacíos legales que facilitan las apropiaciones ilegales de predios en la región.
Para integrar las necesidades particulares de cada zona del estado, los encuentros continuarán durante todo el mes de agosto en los municipios de San Quintín, Tijuana y San Felipe.
Congreso revisa deudas y bienes pendientes de San Felipe
El proceso de la municipalización de San Felipe mantiene pendientes en materia patrimonial, adeudos y derechos laborales, los cuales fueron revisados en una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado para definir los términos de entrega y recepción con Mexicali y Ensenada.
Durante la sesión se recordó que la normativa aprobada determinó que desde el 1 de enero de 2022 la totalidad de los bienes, recursos y obligaciones del territorio debieron transferirse al nuevo municipio, junto con el resguardo de los derechos del personal operativo.
Por su parte, la Dirección de Consultoría Legislativa del Poder Legislativo precisó que se requiere expeditar la integración del expediente técnico sobre la plantilla laboral, las aportaciones y la infraestructura inmobiliaria para sustentar el cierre legal de la transición.
Al respecto, el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, señaló que existen vacíos operativos que han entorpecido la consolidación de la administración local.
Ante ello, los representantes de Mexicali, encabezados por la Oficialía Mayor y la Sindicatura, informaron que certificaron la documentación de maquinaria y patrimonio que será enviada en fechas próximas, además de mantener bajo revisión con Tesorería la situación contractual de trabajadores y terrenos no liquidados.
En el caso de Ensenada, la Tesorería municipal reportó un avance casi total en el trámite, manteniendo únicamente pendiente la regularización de cinco predios que deben quedar inscritos ante el Registro Público de la Propiedad.
Al cierre de la reunión, la presidencia de la comisión dictaminadora confirmó que se solicitarán informes de avance a las alcaldías involucradas para determinar si se requiere convocar a nuevas mesas de trabajo.
El objetivo principal planteado por los legisladores es evitar que los costos financieros o administrativos de la transición sean trasladados a las siguientes gestiones municipales.


