Enfrenta gobernadora consecuencias por omisiones: CCE
La situación generada por las sanciones impuestas en Estados Unidos a Carlos Torres ha tenido un impacto directo en la imagen y gestión de la gobernadora Marina del Pilar Avila, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California (CCEBC), Octavio Sandoval.
El dirigente empresarial sostuvo que los señalamientos relacionados con Torres Torres ya eran conocidos públicamente desde hace aproximadamente un año, pero adquirieron una nueva dimensión luego de darse a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de incorporó a su lista de personas sancionadas.
La OFAC actúa contra personas y empresas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas, así como operaciones relacionadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Desde la perspectiva del sector empresarial, el caso también pone sobre la mesa la responsabilidad política que puede existir por las acciones u omisiones de quienes participan en un gobierno.
En ese sentido, el presidente del CCEBC sostuvo que, aunque Torres Torres ocupó una posición honorífica, mantuvo influencia dentro del entorno político y gubernamental de Baja California.
Añadió que algunas personas que llegaron a ocupar cargos públicos, por la presunta influencia de Carlos Torres, continúan formando parte de la administración estatal y municipales.
El empresario hizo referencia a la separación legal entre la gobernadora y Carlos Torres, y a su consideración, la ruptura matrimonial no se tradujo en una separación de carácter político, situación que ahora contribuye a que tenga que responder públicamente por cuestionamientos relacionados con su exesposo.
Indicó que el principal costo que ha provocado está situación es a la figura de la gobernadora, debido a que las acciones y posibles vínculos de terceros han terminado por convertirse en asuntos que debe explicar ante la opinión pública.
También aclaró que el sector privado no está planteando que Marina del Pilar Ávila deje el cargo, ya que no le corresponde hacer esa exigencia.
A Baja California y a la IP lo que le conviene, dijo, es que la mandataria concluya el periodo para el que fue electa y continúe con su proyecto de gobierno, siempre que no exista una imputación formal en su contra por parte de autoridades de México o Estados Unidos.
El dirigente empresarial agregó que, ante el escenario actual, será responsabilidad de las autoridades correspondientes determinar cualquier responsabilidad individual derivada de las investigaciones o sanciones relacionadas con el caso.
