Ley de Economía Digital va a fracasar: especialista
Podría encubrir manejo de recursos públicos
La prevalencia del efectivo y las brechas económicas y tecnológicas podrían impedir que la Ley de Economía Digital funcione en México, consideró Adolfo Solís, doctor en Derecho Fiscal, quien también señaló que su trasfondo podría ser justificar mecanismos de control para disimular la entrega de recursos públicos sin regulación suficiente y responder a futuros cuestionamientos por su manejo.
El especialista sostuvo que una parte importante de las operaciones económicas todavía se realiza en efectivo, por lo que cuestionó la viabilidad de implementar mecanismos que limiten su aceptación sin considerar las condiciones de la población.
Solís afirmó que México adopta modelos regulatorios de países desarrollados sin contar con las mismas condiciones de cobertura tecnológica, ingreso per cápita, cultura financiera y estructura económica. Desde su perspectiva, estas diferencias dificultan la aplicación efectiva de la legislación, y advirtió que podría terminar sin cumplir sus objetivos, como —aseguró— ha ocurrido con otras normas en materia financiera y de prevención de lavado de dinero.
Al ser cuestionado sobre si la ley responde a una intención recaudatoria o busca ampliar la fiscalización de las operaciones, Solís planteó que podría servir para justificar acciones de control ante señalamientos por el manejo de recursos públicos. Sostuvo que el gobierno entrega dinero en efectivo mediante programas sociales y pensiones, y que la legislación podría utilizarse para mostrar que se están implementando mecanismos para prevenir desvíos, precisamente cuando se cuestione el destino de esos recursos.
Aunque la discusión incluye los retos de adaptación para micro, pequeñas y medianas empresas y el comercio informal, el especialista puntualizó el impacto que podría tener para los consumidores la posibilidad de que los pagos digitales sean la única forma de pago en determinadas actividades, como la compra de gasolina.
La propuesta no establece una prohibición general e inmediata del efectivo: faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a determinar los sectores y actividades en los que se aplicaría la exclusividad de los pagos digitales, bajo condiciones y plazos de transición. Su argumento se centró en que las condiciones económicas y tecnológicas del país no son equiparables a las de las naciones de las que, dijo, se están retomando estos modelos regulatorios.
La iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos fue presentada por el Ejecutivo federal en septiembre de 2026. La Cámara de Diputados la aprobó el 6 de octubre, con 327 votos a favor y 122 en contra, y el Senado hizo lo propio el 20 de octubre, con 72 votos a favor y 34 en contra en lo general.
Al 25 de octubre, el proyecto había sido turnado al Ejecutivo federal, por lo que aún estaba pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. La Ley de Economía Digital busca impulsar el uso de medios de pago digitales y electrónicos; no obstante, su implementación plantea el reto de ampliar la adopción de estas herramientas sin perder de vista las condiciones de acceso tecnológico y económico de la población y los negocios que todavía dependen del efectivo.
