Portación de armas para policías: buscan aval federal
La portación de armas para policías fuera de sus turnos laborales fue enviada a revisión al Congreso de la Unión por parte del Congreso de Baja California, con el objetivo de brindar protección a los agentes ante los recientes atentados armados registrados en el estado, donde varios uniformados han perdido la vida.
La iniciativa, impulsada por el diputado local Juan Manuel Molina García a través del Dictamen No. 115 de la Comisión de Gobernación, busca reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para crear una licencia individual especial sujeta a controles estrictos. Durante el debate de la propuesta, el legislador sostuvo: “El carácter profesional de la función policial no termina al concluir el horario de trabajo”.
Por ello, consideró necesario ampliar las medidas de seguridad para los elementos de corporaciones municipales, estatales y federales.
El Congreso del Estado ya había avalado con anterioridad una modificación a nivel estatal en esta materia; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalidó bajo el argumento de que regular el uso y posesión de armamento es una facultad reservada exclusivamente a la Federación. Ante esa resolución, los legisladores locales optaron por remitir formalmente la reforma a la Cámara de Diputados en San Lázaro para su estudio y posible dictaminación nacional.
El planteamiento establece que los integrantes de instituciones policiales y de procuración de justicia de todo el país deberán aprobar filtros rigurosos para acceder a este permiso individual.
Controles para regular la portación de armas para policías
Entre los criterios obligatorios destacan: Capacitación continua en legítima defensa y manejo responsable de armamento. Evaluaciones psicológicas y psiquiátricas periódicas. Revisión exhaustiva de antecedentes penales y expedientes disciplinarios. Registro individual del arma y obligación de notificar cualquier detonación o incidente.
El proyecto añade que cualquier falta derivará en la revocación inmediata del permiso, el decomiso del artefacto y el inicio de procesos penales contra el elemento implicado.
