Tiro de Esquina: Entre la urgencia y las indemnizaciones
Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 15 DE ENERO DE 2026.- En Tijuana la crisis del agua volvió a exhibir una realidad que por años se ha querido administrar con parches, la red de agua potable está caduca. El corte anunciado la semana pasada, previsto inicialmente para cuatro días, terminó convirtiéndose en una interrupción de hasta siete días.
No se trató solo de una molestia temporal, sino de un episodio que puso en evidencia deficiencias de planeación y una débil respuesta institucional ante el impacto social generado.
Las autoridades fueron claras en un punto: las obras eran necesarias, incluso urgentes. Nadie discute que una infraestructura obsoleta requiere intervención para evitar colapsos mayores en el futuro.
El problema no fue el “qué”, sino el “cómo”. Desde el 15 de diciembre se había informado que las obras estaban listas para ejecutar el corte programado. Si esto era así, resulta legítimo preguntarse por qué el restablecimiento del servicio no se dio en los tiempos anunciados.
La falta de agua no es un asunto menor. No se trata únicamente de abrir o cerrar una llave, sino de una afectación directa a la vida cotidiana, la salud, la higiene y la economía de los hogares. Durante varios días, miles de familias tuvieron que recurrir a la compra de garrafones, contratar pipas o modificar por completo su dinámica diaria.
En una ciudad donde el ingreso promedio ya es presionado por la inflación, este gasto extraordinario no fue trivial. En ese contexto surge la postura del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, que plantea la viabilidad de una indemnización para los usuarios afectados.
La propuesta no es menor: una compensación económica por la interrupción prolongada de un servicio que, además de básico, está reconocido como un derecho humano. Desde una perspectiva jurídica, el planteamiento tiene sustento.
La indemnización no debe convertirse en un sustituto de la planeación. Pagar después no corrige el daño ni devuelve la confianza. Si las obras eran conocidas, necesarias y supuestamente listas desde semanas antes, el retraso en el restablecimiento del servicio apunta a fallas en la ejecución, en la coordinación o en la evaluación real de los tiempos y riesgos.
El riesgo de normalizar estas crisis es alto. Cada corte prolongado refuerza la percepción de improvisación y debilita la credibilidad de las instituciones responsables. La ciudadanía no solo exige agua; exige certeza, información clara y cumplimiento de lo prometido. Anunciar plazos que no se cumplen termina siendo tan dañino como no anunciar nada.
La postura del Colegio de Abogados pone el tema en la mesa pública y obliga a discutir responsabilidades. Puede ser viable jurídicamente, pero también es un síntoma de algo más profundo: cuando los ciudadanos recurren a la vía legal para reclamar lo básico, es porque el modelo de gestión ya no está respondiendo.
Tijuana necesita obras, sí, pero también necesita planeación realista, comunicación honesta y una visión de largo plazo que deje de tratar el agua como una emergencia recurrente y comience a asumirla como lo que es: un derecho humano que necesita atención.
