Transporte de carga irá a paro por inseguridad y presión económica
Transportistas de carga anunciaron un paro nacional por tiempo indefinido a partir del lunes 26 de octubre, ante la inseguridad carretera, extorsiones, cobro de piso, deficiencias viales y cambios fiscales contemplados en el Paquete Económico 2027 que, aseguran, amenazan la viabilidad de las empresas.
En conferencia de prensa en Tijuana, Alfonso Millán Chávez, delegado de CANACAR en Tijuana, y Alfonso Esquer Millán, vicepresidente de CANACAR para la región Noroeste, respaldaron el pronunciamiento de Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), quien exigió respuestas concretas de las autoridades federales y legisladores.
Los representantes locales señalaron que todavía debían coordinarse para definir cómo participarían en la movilización.
Costos, impuestos y menos margen para operar
Entre las principales inconformidades está la reducción del límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal por pago de peajes, de 300 a 250 millones de pesos anuales. Los transportistas solicitan elevarlo a 420 millones, por efectos inflacionarios, y ampliar el beneficio.
El estímulo permite acreditar contra el impuesto sobre la renta (ISR) hasta 50% del gasto en autopistas de cuota; con el nuevo umbral, las empresas que facturen más de 250 millones quedarían excluidas.
Los representantes denunciaron además que llevan siete semanas sin un estímulo relacionado con la compra de diésel, cuyo valor estimaron entre 6.42 y 7.40 pesos por litro, cantidad que antes podían utilizar para compensar obligaciones fiscales.
Afirmaron que ahora deben cubrir ese gasto con recursos propios, sin poder trasladarlo de inmediato a sus clientes.
También expresaron preocupación por el posible aumento del ISR de los operadores de 7.5 a 12%, así como por la aplicación de la reducción de la jornada laboral.
Advirtieron que pasar a semanas de 48, 42 o 40 horas podría obligarlos a casi duplicar el número de conductores y elevar más de 100% los costos operativos, sin aumentar la carga transportada.
En cuanto a los costos de operación, Miguel Ángel Moncayo, delegado de FEMATRAC, estimó que el margen de ganancia se ha reducido en más de 100% respecto a hace seis años.
Como referencia, señaló que el diésel pasó de unos 20.60 pesos por litro a más de 26, mientras que el dólar bajó de entre 20.50 y 21 pesos a menos de 18.
Dulce Félix, delegada de INDECO en Tijuana, sostuvo que las tarifas de los viajes ya no alcanzan para cubrir combustible, llantas y mantenimiento, y pidió a las autoridades dialogar con los transportistas antes de definir presupuestos y medidas fiscales.
Inseguridad y deterioro de carreteras
En materia de seguridad, los transportistas denunciaron robos, extorsiones, cobro de piso, detenciones que consideran injustificadas y presuntos abusos relacionados con policías y servicios de grúas.
También señalaron el deterioro de las carreteras, que provoca daños en llantas y mayores gastos de mantenimiento. Entre las entidades que identificaron como zonas críticas mencionaron San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y el Estado de México.
En Baja California, Óscar Sánchez, delegado estatal de HAMOTAC, afirmó que en Tijuana las multas pueden alcanzar los 20 mil pesos y que las unidades terminan en corralones; añadió que, según su denuncia, prácticas similares se extienden a Ensenada y Rosarito.
La afectación económica, sostuvieron, alcanza a empresas de todos los tamaños. Moncayo afirmó que algunas compañías han cerrado por no poder cubrir los insumos y que él mismo ha considerado cerrar su negocio.
Impacto fronterizo y llamado a las autoridades
En el ámbito fronterizo, los participantes estimaron que alrededor de 3 mil camiones cruzan diariamente de Tijuana hacia Estados Unidos, por lo que una suspensión prolongada podría afectar el comercio de importación y exportación, las cadenas de suministro y el abasto.
Añadieron que sus clientes también enfrentan aranceles y nuevos requisitos, lo que ha reducido el movimiento de carga.
Los transportistas advirtieron que el impacto podría extenderse a mercancías de consumo y combustibles, con consecuencias para los precios que pagan las familias.
En el pronunciamiento nacional, CANACAR resumió su postura y las razones de la movilización:
“México no aguanta más. Vamos al paro nacional. El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras se enfrenta a inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales y una presión económica que compromete la operación de miles de empresas y los empleos de quienes dependen de ellas”.
En el pronunciamiento leído en nombre de Augusto Ramos Melo, CANACAR pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir para revisar la propuesta fiscal y llamó a las cámaras de Diputados y Senadores a considerar sus efectos sobre la competitividad, el empleo y la economía.
Los transportistas afirmaron que no buscan perjudicar a la población, sino obtener condiciones que permitan sostener las empresas y garantizar el servicio. Aunque el paro nacional fue anunciado por tiempo indefinido a partir del lunes 26 de octubre, los representantes locales indicaron que aún debían definir cuántas unidades u operadores participarían en Baja California y cómo se coordinarían las acciones.
“Nosotros no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de cumplir, no hemos dejado de llevar los productos que México necesita. El autotransporte de carga ha sido fundamental en los momentos en que el país nos ha necesitado: durante la pandemia distribuimos medicamentos y víveres; durante huracanes, sismos e inundaciones nunca hemos fallado. Pero tampoco podemos seguir aceptando que los problemas del sector se acumulen sin una respuesta efectiva”.
Advirtieron que detener el transporte puede afectar el abasto, pero que ignorar la inseguridad y el aumento de costos también pone en riesgo la continuidad de una actividad indispensable para el país.
