Por: Redacción E32
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 2 DE MAYO DE 2022.- Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDH) exhortó a la Secretaría de Educación de Baja California, para que prevea que cualquier intervención que forme parte del denominado “Modelo Integral de Prevención Escolar” se lleve a cabo, con el pleno respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes (NNA).
En este sentido, el ombudsperson Miguel Mora informó que en el exhorto se recuerda a las autoridades que, por disposición constitucional, en las actuaciones del Estado debe estar en el centro el principio del interés superior de la niñez.
Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que los operativos, en donde se revisan las pertenencias de NNA en centros educativos, producen actos de molestia que carecen de fundamentación jurídica, por lo que resultan ilegales por no estar respaldados por un marco jurídico regulatorio, ni con protocolos homologados que eviten abusos durante su ejecución.
Sin embargo, la SCJN también indicó que la inconstitucionalidad de estos operativos no impide que, en casos justificados, bajo sospecha razonable y atendiendo a la protección de las y los estudiantes y demás comunidad escolar, puedan llevarse a cabo intervenciones en grado menor y excepcionalmente, en grado mayor, siempre y cuando sea evidente que se ha cometido o está por cometerse un delito y exista un riesgo o peligro inminente en la escuela donde se motive su realización.
Por otro lado, indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha pronunciado en cuanto a estrategias similares y ha enfatizado que las autoridades educativas deben elaborar protocolos y procedimientos generales, así como homologados, a nivel nacional, estando adecuados a los contextos locales, pero que impidan una implementación arbitraria de estas estrategias.
A partir de lo anterior, el exhorto de la CEDHBC observa que el proyecto elaborado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California no acata las disposiciones constitucionales y convencionales que tutelan los derechos de NNA, ni los respectivos pronunciamientos de la CNDH y la SCJN en la materia.
Explicó que al Estado le corresponde determinar cuáles serían los casos excepcionales en donde justificarían intervenciones de este tipo en los planteles educativos.
