Socializan propuesta para castigar a quien ejerza especialidades médicas sin estudios
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 21 DE MAYO DE 2022.- Con el propósito de modernizar el marco jurídico, en materia de responsabilidad y turismo médico, así como la medicina especializada, el Poder Ejecutivo de Baja California trabaja en un proyecto de iniciativa de ley, para reformar el Código Penal y la Ley de Salud, informó el consejero jurídico del estado, Juan José Pon Méndez.
La autoridad se encuentra actualmente en una etapa de socializar este proyecto, por lo que funcionarios de la consejería jurídica se reunieron con integrantes del Colegio Medical+Health Clúster AC, para explicarles en detalle de qué se trata, así como alcances y objetivos.
También escucharon propuestas y puntos de vista de los galenos al respecto.
Pon Méndez agradeció haber sido recibidos para presentar la propuesta de reforma que se prepara por parte del Poder Ejecutivo y recordó que en Mexicali iniciaron este tipo de acercamientos en la Facultad de Odontología el pasado 29 de marzo, con integrantes de trece colegios médicos.
En esta segunda presentación, en Tijuana, asistieron representantes de la comunidad médica de la Zona Costa, incluidos Tecate, Rosarito y Ensenada.
El propósito fue mostrarles el proyecto de ley con el que se busca sancionar a cualquier médico, que, sin contar con la especialidad correspondiente, lleve a cabo un procedimiento quirúrgico para el cual no esté preparado, poniendo en riesgo la salud del paciente o generándole un daño.
“Buscamos sancionar a impostores, que no cuentan con los conocimientos, así como proteger la salud de los bajacalifornianos, o cualquier persona que venga al estado a solicitar un servicio médico, sea nacional o extranjero.
“Con esto, estamos protegiendo una actividad que es fundamental para Baja California que es el turismo médico, y que en el año 2021 generó más de 12 mil 850 millones de pesos y que de noviembre a la fecha, tan solo en Tijuana, dejó una derrama superior a 144 millones de dólares”, explicó.
De manera complementaria, se propone crear en cada hospital público del estado una comisión de vigilancia de servicios médicos, que garantice que los hospitales cuenten con los insumos y las condiciones que son necesarias para que los médicos puedan llevar a cabo su trabajo y prestar los servicios que les corresponden.
